El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado la demanda interpuesta a favor del expresidente Pedro Castillo, un revés judicial más en su ya complicada situación legal. La demanda, presentada por su hermana Irma Castillo, buscaba impugnar la validez de la vacancia presidencial aprobada por el Congreso y las dos órdenes de prisión preventiva dictadas por el Poder Judicial en su contra, ambas vinculadas a los delitos de rebelión y organización criminal. Este fallo del TC consolida aún más la legalidad de las decisiones tomadas tanto por el Congreso como por el Poder Judicial en relación al caso Castillo.
Según la investigación publicada por El Comercio, el Tribunal Constitucional fundamentó su decisión en que los argumentos presentados ya habían sido evaluados con anterioridad y no se encontraban vicios que atentaran contra los derechos fundamentales del exmandatario.
La resolución del TC hace hincapié en que el proceso de vacancia contra Castillo Terrones ya fue objeto de análisis en un expediente previo, donde se concluyó que los cuestionamientos planteados no representaban una vulneración de los derechos fundamentales del expresidente. En este sentido, el tribunal consideró que la demanda no afectaba de manera directa el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad individual.
En cuanto a las prisiones preventivas, el TC fue contundente al señalar que la demandante se limitó a presentar objeciones genéricas a las decisiones de la justicia ordinaria, sin identificar ningún vicio o falta de motivación que justificara la intervención del Tribunal Constitucional. El análisis sobre si se cumplieron o no los requisitos para dictar las prisiones preventivas, según el TC, pertenece al ámbito de la justicia ordinaria y no puede ser trasladado a la sede constitucional.
El tribunal subrayó que la discusión sobre la corrección o no de las decisiones judiciales respecto a las prisiones preventivas escapa a su competencia, ya que no se trata de un debate de naturaleza “iusfundamental”. Esto significa que no se encuentra directamente relacionado con la protección de derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
Actualmente, Pedro Castillo se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el penal Barbadillo, ubicado en Ate. Afronta un juicio oral por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, un acto que desencadenó su destitución y posterior detención. Además, se le investiga por los presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión, en una causa separada.
Castillo enfrenta una pena de 18 meses de prisión preventiva por el delito de rebelión, mientras que por la investigación de organización criminal, se le impuso una medida similar de 36 meses. La defensa de Castillo ha intentado, sin éxito, revertir estas decisiones judiciales, argumentando que se han violado sus derechos fundamentales. Sin embargo, tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional han rechazado sus recursos.
