El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucionales las ordenanzas de nueve municipalidades distritales que autorizaban la imposición de multas y el remolque de vehículos por mal estacionamiento. Según el fallo, estas acciones excedían las competencias legales de los gobiernos locales y vulneraban derechos fundamentales de los ciudadanos.
La sentencia responde a una demanda presentada contra normativas municipales que habilitaban el uso de grúas y depósitos para sancionar a conductores, una medida que, de acuerdo con expertos, podría incluso considerarse un delito de abuso de autoridad si se mantiene tras el fallo. Entre los distritos afectados figuran importantes jurisdicciones de Lima Metropolitana, lo que ha generado preocupación en miles de vecinos y propietarios de vehículos.
El abogado experto en transporte, Julio Rodríguez, advirtió que los municipios no pueden seguir aplicando estas medidas, pues de hacerlo, los afectados están facultados para denunciar penalmente a los responsables. Además, recomendó que, en caso de ser víctimas de un remolque o internamiento irregular, los ciudadanos deben presentar una queja inmediata ante la Defensoría del Pueblo y registrar la denuncia correspondiente en la comisaría más cercana.
Sin embargo, la Policía Nacional y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones continúan teniendo la potestad para fiscalizar y sancionar infracciones de tránsito, por lo que el respeto a las normas viales sigue siendo obligatorio.
Diversos conductores manifestaron sentirse aliviados por la decisión del TC, al considerar que las multas y el uso de grúas eran arbitrarios y costosos. No obstante, también expresaron preocupación por el posible incremento del desorden vehicular y el caos en zonas comerciales y residenciales.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo reiteró la importancia de informar adecuadamente a la ciudadanía sobre sus derechos y las vías legales para reclamar ante eventuales abusos municipales.
