El Tribunal Constitucional (TC) se encuentra elaborando una sentencia que, según fuentes cercanas, favorecería directamente a Keiko Fujimori en el denominado caso Cócteles. La resolución, descrita como “quirúrgica”, establecería que antes de noviembre de 2016 no existía en la legislación peruana el delito de lavado de activos por aportes en campañas electorales, lo que implicaría el archivo de los procesos contra la lideresa de Fuerza Popular.
De confirmarse, la decisión del TC desbarataría la acusación fiscal de lavado de activos en las campañas de 2010-2011 y 2015-2016, y reduciría estos hechos al delito de receptación, ya prescrito. Además, el tribunal precisaría que el “pitufeo” de aportes en campañas corresponde a una falta administrativa sancionable solo por organismos electorales, no por la justicia penal.
La mayoría de magistrados —Luz Pacheco Zerga, Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Manuel Monteagudo Valdez, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez— estaría inclinada a respaldar la posición favorable a Fujimori. No obstante, persisten discrepancias sobre si la sentencia debe limitarse al caso Cócteles o abarcar también otros procesos vinculados a Lava Jato.
El fiscal José Domingo Pérez solicitó al TC no archivar el expediente y permitir que el Ministerio Público pruebe la existencia de lavado de activos. Sin embargo, los jueces constitucionales consideran que avanzar en un juicio para demostrar un hecho que “no constituiría delito” carece de sentido.
La presidenta del TC, Luz Pacheco, había señalado que sería difícil emitir el fallo en septiembre, aunque fuentes internas apuntan a presiones para resolver el habeas corpus con celeridad antes de que se intensifique la campaña electoral rumbo al 2026.
La eventual sentencia no solo cerraría la acusación contra Keiko Fujimori, sino que también marcaría un precedente con posibles efectos sobre otros casos de financiamiento ilícito en campañas electorales previas a 2016. En palabras de fuentes del propio tribunal, “más allá de lo que los magistrados digan, la resolución tendrá repercusiones políticas y judiciales inevitables”.
