Con 14 votos a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final que recomienda acusar por negociación incompatible al expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas. El documento fue elaborado por el congresista fujimorista Héctor Ventura, quien sustenta la acusación en la declaración del exjuez Walter Ríos, actualmente procesado por corrupción.
Según Ríos, entre 2017 y 2018 recibió una llamada de Salas Arenas para solicitar la contratación de su exsistente Pavel Cárdenas en la Corte de Justicia del Callao. Días después de esa comunicación, Cárdenas fue contratado como suplente. Aunque en 2018 participó en otra convocatoria y fue formalmente incorporada, la Fiscalía considera que hubo presión indebida por parte de Salas.
El respaldo al informe vino de Fuerza Popular, APP, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular y Podemos Perú. Solo tres legisladores votaron en contra y dos se abstuvieron. Aún falta la votación en la Comisión Permanente y luego en el Pleno, pasos necesarios para que la Fiscalía de la Nación pueda iniciar una investigación formal contra el magistrado.
El contexto en el que avanza esta denuncia es clave: el Congreso también discute una iniciativa que permitiría suspender a altos funcionarios con solo 50 votos, lo cual podría aplicarse a Salas Arenas de forma inmediata si prospera la reforma.
Salas ha negado haber ejercido presión y aseguró que la recomendación de Cárdenas no implicaba beneficios personales ni daciones indebidas. La Junta Nacional de Justicia revisó el caso y lo archivó por prescripción, ratificándolo como juez supremo en diciembre de 2022.
La ofensiva parlamentaria contra Salas se interpreta como represalia por su rol durante las elecciones de 2021, en las que desestimó las acusaciones de fraude impulsadas por el fujimorismo.
