Según la investigación publicada por 9to5Mac, la reintroducción de esta legislación se produce en un contexto de intensas batallas legales entre Apple y Epic Games, y refleja una preocupación creciente por el control que ejercen las grandes empresas tecnológicas sobre la distribución de software y los pagos dentro de sus plataformas.
La esencia de la Ley de Mercados Abiertos de Aplicaciones radica en la promoción de una mayor libertad para desarrolladores y usuarios. Si se aprueba, obligaría a Apple y Google a permitir la instalación de aplicaciones desde fuentes externas a sus tiendas oficiales –lo que se conoce como “sideloading”–, a admitir tiendas de aplicaciones de terceros, y a permitir sistemas de pago alternativos a los propios de las plataformas. Además, prohibiría a las empresas penalizar a los desarrolladores por informar a los usuarios sobre opciones de precios más favorables disponibles fuera de las tiendas oficiales. Este último punto es crucial, ya que actualmente las políticas de Apple y Google restringen la comunicación directa de los desarrolladores con sus clientes sobre ofertas y descuentos.
Los impulsores de la ley argumentan que las prácticas actuales de Apple y Google constituyen una barrera para la innovación y limitan las opciones de los consumidores. La senadora Marsha Blackburn (R-Tenn.), una de las principales patrocinadoras de la iniciativa, declaró que la ley “aseguraría un mercado más libre y justo para los consumidores y las pequeñas empresas, promoviendo la competencia en el mercado de aplicaciones y abriendo la puerta a más opciones e innovación”. Por su parte, el senador Richard Blumenthal (D-Conn.) enfatizó que Apple y Google han actuado como “guardianes”, construyendo “muros anticompetitivos para aplastar a su competencia y aumentar los costos para los consumidores”.
Esta no es la primera vez que la Ley de Mercados Abiertos de Aplicaciones se presenta ante el Congreso. La versión original logró avanzar en el proceso legislativo, incluso siendo aprobada por un comité del Senado en 2022, pero finalmente no llegó a ser sometida a votación en el pleno. La reactivación de la propuesta coincide con un momento de presión legal sobre Apple, incluyendo la apelación de la compañía a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en el caso de Epic Games, donde se cuestiona el modelo de negocio de la App Store y las comisiones que Apple cobra a los desarrolladores. De hecho, el caso Epic Games v. Apple, iniciado en 2020, ha puesto de manifiesto las tensiones entre los desarrolladores y Apple en relación con las políticas de la App Store.
La ley, tal como se describe en el comunicado de prensa de la senadora Blackburn, también busca proteger los derechos de los desarrolladores a ofrecer precios competitivos, promover la competencia a través de la apertura del mercado a nuevas aplicaciones y sistemas de pago, y garantizar la privacidad, seguridad y protección de los consumidores. Además, se pretende dar a los usuarios un mayor control sobre sus dispositivos y evitar que las tiendas de aplicaciones discriminen a los desarrolladores. El impacto potencial de esta legislación es significativo, ya que podría alterar fundamentalmente la forma en que se distribuyen y monetizan las aplicaciones móviles, afectando tanto a las grandes empresas tecnológicas como a los pequeños desarrolladores y a los consumidores.
