Desde la asunción de Dina Boluarte a la presidencia en diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, la dinámica legislativa en Perú ha experimentado un flujo constante de iniciativas gubernamentales. La actividad legislativa del Ejecutivo ha sido notable, aunque centrada principalmente en aspectos administrativos y presupuestales, dejando de lado reformas estructurales más profundas que podrían abordar desafíos de mayor envergadura para el país.
Según la investigación publicada por El Comercio, la administración Boluarte ha remitido al Congreso un total de 197 propuestas legislativas, de las cuales un 64% han sido aprobadas y convertidas en ley tras su publicación en el diario oficial “El Peruano”. Este ritmo equivale a un promedio de seis iniciativas mensuales durante sus 32 meses de gestión.
Un análisis detallado revela que, del conjunto de iniciativas, 70 corresponden a proyectos de resolución legislativa, enfocados principalmente en autorizaciones, diferenciándose de los proyectos de ley que requieren un debate más exhaustivo. Un porcentaje significativo de estas resoluciones (39) busca autorizar el ingreso o tránsito de personal militar extranjero en territorio nacional, una práctica que, con escasas excepciones, ha obtenido el respaldo del Congreso. Este enfoque en la autorización de actividades militares extranjeras pone de relieve una prioridad del gobierno en materia de seguridad y relaciones internacionales.
Las propuestas de índole económica ocupan un lugar destacado en la agenda legislativa de Boluarte, comprendiendo créditos suplementarios, ajustes presupuestales, beneficios tributarios y modificaciones al régimen de contrataciones públicas. Un ejemplo reciente es la aprobación del cuarto crédito suplementario durante su mandato, ascendente a más de S/640 millones, que fue aprobado por la Comisión Permanente del Congreso. Estas medidas reflejan la necesidad del gobierno de gestionar los recursos públicos y estimular la economía en un contexto desafiante.
Paralelamente, se han presentado 29 iniciativas relacionadas con el saneamiento de límites y tramos jurisdiccionales a nivel nacional, así como recategorizaciones territoriales. Este tipo de propuestas, aunque menos visibles, son cruciales para la organización administrativa del país y la resolución de conflictos territoriales. Sin embargo, el número de solicitudes de permiso para que la presidenta Boluarte salga del país supera a los proyectos de ley en materia de Educación, Salud, Transportes y reformas constitucionales, lo que sugiere una focalización en la agenda internacional.
En total, Boluarte ha solicitado autorización para viajar al extranjero en 12 ocasiones, de las cuales solo dos fueron denegadas. Estas solicitudes se sitúan por encima de otras áreas temáticas relevantes como Relaciones Exteriores y Justicia, lo cual podría interpretarse como una señal de la importancia que el gobierno asigna a la diplomacia y la representación internacional. Expertos como Martín Cabrera señalan que, aunque las cifras de proyectos presentados son coherentes con otros periodos, el gobierno podría haber sido más proactivo en la búsqueda de reformas estructurales. La ausencia de una bancada sólida en el Congreso, según José Cevasco, dificulta la promoción y el consenso de las iniciativas gubernamentales, lo que a su vez repercute en la priorización de temas urgentes.
El analista político Enrique Castillo argumenta que Boluarte representa una “excepción”, ya que la mayoría de los gobiernos han impulsado leyes de impacto o que generen algún tipo de reforma. Esta situación, según Castillo, se debe a la incapacidad de Boluarte para manejar una “agenda con visión país” y a la inacción de los sectores ministeriales para proponer reformas importantes. La creación del “Ministerio de Infraestructura”, anunciada en el mensaje presidencial de 2024, aún no ha sido dictaminada por la Comisión de Constitución, lo que refleja las dificultades para llevar adelante reformas ambiciosas en el contexto político actual.
