La reciente recomposición de las tasas del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto a Promoción Municipal (IPM) ha desatado preocupación en el Instituto Peruano de Economía (IPE). La medida, que plantea una reducción del IGV de 16% a 14% y un aumento del IPM de 2% a 4% de manera gradual en los próximos cuatro años, ha sido cuestionada por su potencial impacto en las arcas fiscales del Estado. Cabe recordar que el IGV representa una de las principales fuentes de ingresos tributarios en el país, vital para financiar servicios públicos esenciales.
Según la investigación publicada por El Comercio, el IPE advierte que esta reforma podría generar un desbalance significativo en las finanzas públicas.
Durante el foro “¿Qué sistema tributario necesitamos? Balance, oportunidades y riesgos”, el IPE alertó sobre las consecuencias económicas de la recomposición tributaria. Los cálculos de la institución, basados en datos del portal de Transparencia Pública del MEF, estiman un costo anual para el gobierno nacional de aproximadamente S/ 2.5 mil millones a partir de 2026. Esta cifra se elevaría a S/ 10 mil millones anuales una vez completada la implementación total de la medida. El evento reunió a figuras destacadas del sector público y privado para analizar a fondo los desafíos y las perspectivas del sistema tributario peruano.
La institución enfatizó que cubrir este déficit presupuestario implicaría decisiones difíciles, como recortes en el gasto público o el incremento de otros impuestos, afectando directamente el bolsillo de los ciudadanos. Alternativamente, el gobierno podría recurrir a un mayor endeudamiento, lo que podría comprometer la estabilidad económica del país a largo plazo. En un contexto global de incertidumbre económica, la sostenibilidad fiscal se convierte en un pilar fundamental para mantener la confianza de los inversionistas y evitar crisis financieras.
El IPE también criticó el contexto en el que se aprueba esta medida, caracterizado por una creciente inestabilidad política y presiones de gasto por parte del Congreso. A esto se suma, según la institución, una debilidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para frenar iniciativas que comprometen la salud fiscal del país. La aprobación de la ley se da en un momento en que la recaudación tributaria ya muestra signos de desaceleración, lo que agrava aún más la situación.
El Consejo Fiscal ha señalado que, desde 2023, se han aprobado 19 leyes que otorgan beneficios tributarios, además de identificar al menos 32 iniciativas legislativas que proponen crear, ampliar o prorrogar estos beneficios. Estas medidas, según el IPE, erosionan la base tributaria y dificultan la previsibilidad del sistema de recaudación. La falta de predictibilidad en las reglas fiscales desincentiva la inversión privada y genera incertidumbre entre los agentes económicos.
Ante este panorama, el IPE advierte sobre el riesgo de incumplir la meta fiscal por tercer año consecutivo. Si bien el MEF ha anunciado una flexibilización de la meta para 2025, la institución considera que, sin un compromiso claro con la consolidación fiscal a mediano plazo, se incrementa el riesgo de perder el grado de inversión y se dificulta el objetivo del Perú de ingresar a la OCDE. Mantener el grado de inversión es crucial para acceder a financiamiento internacional en condiciones favorables y evitar un aumento en el costo de la deuda pública.
