Análisis Crítico del Discurso de Dina Boluarte sobre la Autonomía del Tribunal Constitucional en un Contexto de Desconfianza Institucional
El reciente discurso de la presidenta Dina Boluarte en el aniversario del Tribunal Constitucional del Perú (TC) ha generado intensas reacciones en el ámbito político y jurídico. Al afirmar que “la fuerza del TC hoy radica en su imparcialidad, ajena a lo político o ideológico”, la mandataria intenta proyectar una imagen de institucionalidad sólida. Sin embargo, esta declaración choca con la percepción ciudadana y con los múltiples cuestionamientos sobre la verdadera independencia judicial en el Perú.
Este informe se propone analizar críticamente esa afirmación, contrastándola con datos, antecedentes históricos y el comportamiento reciente del Tribunal Constitucional del Perú. La pregunta central es: ¿es el TC tan imparcial como sostiene Boluarte o estamos ante una estrategia discursiva para reforzar la legitimidad de su gobierno en un contexto de alta desconfianza institucional?
Tribunal Constitucional del Perú: Entre el Discurso y la Realidad
El Tribunal Constitucional del Perú es, en teoría, el máximo órgano de control constitucional y garante del Estado de derecho. No obstante, en la práctica, ha sido objeto de múltiples controversias por decisiones que han favorecido intereses políticos o que han sido vistas como resultado de presiones partidarias. Por tanto, la declaración de Boluarte sobre su imparcialidad requiere una revisión crítica.
La crisis institucional en Perú, marcada por una sucesión inusual de presidentes, acusaciones de corrupción y conflictos entre poderes del Estado, ha minado la confianza en todas las instituciones, incluido el TC. En este panorama, la independencia judicial no solo es cuestionada: está gravemente debilitada.
Contexto Histórico: Una Autonomía Siempre en Duda
Desde su instauración moderna en 1980, y su consolidación en la Constitución de 1993, el Tribunal Constitucional ha desempeñado un papel central en momentos de alta tensión política. Pero su independencia ha sido comprometida reiteradamente por procesos de elección de magistrados cargados de intereses políticos, lo que ha generado un escepticismo creciente entre analistas y ciudadanos.
Numerosos fallos han sido interpretados como alineados a coaliciones parlamentarias dominantes o a intereses de turno, generando una percepción generalizada de que el TC actúa como un apéndice más del poder político. Esto debilita su credibilidad como árbitro neutral.
El Tribunal Constitucional como Herramienta de Poder
Imparcialidad Proclamada vs. Realidad Percibida
Aunque Boluarte sostiene que el TC actúa con imparcialidad y rigor jurídico, lo cierto es que diversos estudios y encuestas muestran lo contrario. Según el Instituto de Defensa Legal (IDL), “la ciudadanía percibe que el Tribunal Constitucional ha perdido autonomía frente al Congreso y al Ejecutivo” (IDL, 2023).
En lugar de ser un ente que equilibra los poderes del Estado, el TC ha sido acusado de legitimar decisiones controvertidas del Ejecutivo y el Legislativo, debilitando su rol de contrapeso y aumentando la percepción de que responde a intereses políticos.
La Crisis Institucional y la Utilización del Discurso del Estado de Derecho
El énfasis de Boluarte en el compromiso del TC con la democracia y la legalidad puede leerse también como una maniobra política. En un país con baja aprobación presidencial, crisis de representación y protestas sociales, la invocación a la Constitución y a sus guardianes sirve para reforzar la imagen de legalidad, aunque los hechos sugieran una desconexión entre el discurso y la práctica.
El Latin American Research Review advierte que “en contextos de crisis, los actores políticos suelen instrumentalizar las instituciones judiciales para reforzar su legitimidad” (LARR, 2022).
Datos que Cuestionan la Imparcialidad del TC
El índice de Estado de Derecho 2023 del World Justice Project coloca al Perú en el puesto 82 de 140 países, con indicadores negativos en independencia judicial, corrupción y transparencia. Además, solo el 27% de los ciudadanos confían plenamente en la justicia constitucional. Estos datos revelan una brecha entre la narrativa oficial y la percepción pública.
Asimismo, el proceso de selección de magistrados del TC ha sido objeto de fuertes críticas por su opacidad y vínculos partidarios. En el Congreso, diversas bancadas han intercambiado favores políticos para colocar magistrados afines, lo que compromete gravemente la imparcialidad que Boluarte defiende.
Comparaciones Internacionales: Lecciones sobre Independencia Judicial
Experiencias como la del Tribunal Constitucional de Alemania o la Corte Constitucional de Colombia demuestran que la independencia se logra con procedimientos meritocráticos, transparencia y límites claros a la influencia política. En Perú, estos requisitos no se cumplen de forma sistemática, lo cual explica el rezago institucional.
Casos que Han Socavado la Confianza en el TC
Entre los más polémicos se encuentra el fallo de 2022 que reinstauró el indulto a Alberto Fujimori, pese a que organismos internacionales y sentencias previas lo habían considerado improcedente. Otro ejemplo fue el respaldo del TC a la disolución del Congreso en 2019, una decisión que, aunque legalmente válida, fue interpretada por sectores críticos como una señal de alineamiento con el Ejecutivo.
¿Puede el Tribunal Constitucional Recuperar su Credibilidad?
La única forma de que el Tribunal Constitucional del Perú recupere su legitimidad es a través de reformas profundas: establecer criterios técnicos y públicos en la selección de magistrados, impedir reelecciones que favorezcan la inercia política, y asegurar la rendición de cuentas ante la sociedad civil.
De acuerdo con la OCDE (2024), “la independencia judicial efectiva es un prerrequisito para el desarrollo institucional y económico en América Latina”. Sin ella, la democracia es frágil y los derechos de los ciudadanos quedan vulnerables ante el poder político.
Conclusión: Entre el Relato y la Verdad
Las declaraciones de Dina Boluarte sobre la imparcialidad del Tribunal Constitucional del Perú responden más a una estrategia de imagen que a una realidad institucional consolidada. El informe ha mostrado que existe una distancia notable entre lo que el gobierno afirma y lo que los datos, la historia reciente y las percepciones ciudadanas reflejan.
El Tribunal Constitucional del Perú no es hoy una garantía plena de equilibrio ni de autonomía. Su rol como guardián de la democracia está condicionado por influencias políticas que erosionan su credibilidad. En vez de asumir la narrativa oficial sin crítica, es indispensable promover una vigilancia activa y reformas urgentes para que esa imparcialidad proclamada se convierta, al fin, en una realidad tangible para todos los peruanos.
