La seguridad en el distrito de Pataz, región La Libertad, se encuentra en estado de máxima alerta tras la presunta retención de al menos 13 trabajadores de la empresa de seguridad R&R. Los hechos habrían sido perpetrados por mineros ilegales, generando una ola de preocupación y movilización entre los familiares de los afectados, quienes claman por una intervención urgente de las autoridades. Este incidente se suma a una larga lista de conflictos en la zona, marcada por la presencia de minería ilegal y la disputa por el control de los recursos.
Según la investigación publicada por El Comercio, la angustia se ha apoderado de los familiares de los trabajadores retenidos, quienes exigen celeridad en las acciones de rescate. La situación ha escalado hasta el punto de llevar a cabo protestas públicas en la Plaza de Armas de Trujillo, donde se han exhibido carteles y pancartas con mensajes dirigidos a las autoridades, demandando la pronta liberación de sus seres queridos.
La desesperación de los familiares se traduce en peticiones directas a las autoridades regionales. Irma Valeriano, tía de Frank Jesús Monzón Valeriano, uno de los jóvenes presuntamente secuestrados, ha solicitado públicamente al gobernador de La Libertad, César Acuña, apoyo logístico para facilitar el acceso de las fuerzas policiales a la zona de conflicto. La solicitud se centra en la provisión de vehículos que permitan a la policía llegar al área donde se presume que se encuentran los trabajadores retenidos, agilizando así las labores de investigación y rescate.
Por su parte, el alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariño, ha manifestado su solidaridad con los familiares de los trabajadores mineros. El burgomaestre ha asegurado estar al tanto de la situación y ha expresado su preocupación por el bienestar de los afectados. Sin embargo, existe una contradicción en la información, ya que, según declaraciones del alcalde a RPP, el jefe de la Policía en la zona le comunicó que hasta la fecha no se ha presentado ninguna denuncia formal relacionada con el presunto secuestro. A pesar de ello, la policía ha iniciado una investigación de oficio para esclarecer los hechos y determinar la veracidad de las acusaciones.
La presunta retención de los trabajadores de seguridad agudiza la crisis de seguridad en Pataz, una zona caracterizada por la alta incidencia de minería ilegal y la constante amenaza a la integridad de quienes laboran en el sector. La falta de denuncias formales, pese a la gravedad de la situación, podría reflejar el temor de la población a represalias por parte de los grupos ilegales que operan en la región.
Entre los identificados como presuntamente retenidos se encuentran: Nilver Joel Pérez Chuquipoma (24), César Rospigliosi Arellano (39), Frank Jesús Monzón Valeriano (24), Jhon Cristian Facundo Inga (30), Franklin Vicente Facundo Inga (24), Josué Carbonell Beltrán, Alexander Domínguez y Juan Ñaupari Salva. Hasta el momento, estos serían ocho de los trece trabajadores presuntamente retenidos por los mineros ilegales, según fuentes extraoficiales.
