La Ley del Presupuesto Público 2025 establece estrictas medidas de austeridad que impactan a los trabajadores del sector público. Entre las disposiciones más destacadas, se prohíben los nombramientos y contratos de servicios personales, salvo excepciones específicas, y el pago de horas extras.
En cuanto a los nombramientos, estos solo se permitirán en casos puntuales, como la designación de funcionarios de confianza, la contratación de docentes en plazas presupuestadas, y el nombramiento progresivo de profesionales de salud y personal administrativo bajo criterios estipulados por la ley. Además, se permitirá la incorporación de personal por mandato judicial.
Respecto al pago de horas extras, se prohíbe en todas las entidades públicas, sin importar el régimen laboral que las rija. Adicionalmente, no se podrán otorgar nuevos aumentos salariales ni bonos, más allá de los previstos en esta ley.
Estas restricciones buscan garantizar la disciplina y eficiencia en el gasto público, aunque limitan las opciones de mejora salarial y laboral para los servidores estatales. Las excepciones reflejan la prioridad de atender áreas críticas como educación, salud y justicia, mientras se ajusta el presupuesto a la realidad fiscal del país.
