La situación política en Perú se torna cada vez más compleja con la reciente revelación sobre el chofer del vehículo presidencial, Félix Montalvo Guevara, quien ha declarado que dejó a la presidenta Dina Boluarte en el condominio Mikonos, un lugar que ha estado relacionado con la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre. Este hecho, ocurrido el 24 de febrero, ha despertado cuestionamientos sobre la posible colusión entre Boluarte y Cerrón, así como sobre la transparencia en el uso del vehículo presidencial.
Montalvo, quien trabaja como suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) y chofer del llamado ‘cofre’, mencionó que su declaración ante el Ministerio Público incluye detalles sobre la noche que pasó en la comisaría de Asia, justo después de dejar a la mandataria en el condominio. Su abogado, Jesús Poma Zamudio, ha subrayado que se emitirá un comunicado para aclarar los hechos relacionados con ese día. La presencia de Boluarte en un lugar que había sido objeto de un operativo para capturar a Cerrón no es solo inquietante, sino que también plantea serias dudas sobre la integridad de las instituciones encargadas de la justicia y la seguridad.
La investigación en curso ha revelado que el operativo para capturar a Cerrón, realizado en enero, resultó ser un fracaso rotundo, ya que no se realizó una verificación adecuada de la información que indicaba que el líder de Perú Libre se encontraba en el condominio. Este error ha desencadenado una crisis dentro del gobierno de Boluarte, generando desconfianza y escepticismo entre la ciudadanía respecto a la efectividad de las fuerzas del orden.
Además, se ha documentado el recorrido del vehículo presidencial el 24 de febrero, que incluyó el cruce del peaje en el kilómetro 66 de la Panamericana Sur, así como su presencia en un grifo cercano. El informe revela que el Lexus con placa EGR844, asignado a la presidenta, recorrió 314 kilómetros en un periodo de tiempo que no se justifica claramente. Esta discrepancia en la ruta ha llevado a la Fiscalía a abrir una investigación preliminar sobre el uso del vehículo, lo que podría implicar a Boluarte en un caso de encubrimiento personal, es decir, por presuntamente proteger a Cerrón a través del uso del auto presidencial.
La controversia se intensifica con declaraciones de exconsejeros que sugieren que la prolongada fuga de Cerrón podría no ser una simple coincidencia, sino que podría implicar un acuerdo tácito entre él y la presidenta Boluarte. José Villasana, exconsejero regional de Junín, ha afirmado que Cerrón posee información sensible que podría comprometer al gobierno si decide revelar lo que sabe. Este tipo de afirmaciones exacerba la percepción de que existe una trama más profunda de corrupción y complicidad dentro de la política peruana, lo que lleva a la población a cuestionar aún más la legitimidad del gobierno actual.
Con la investigación en marcha, el Ministerio Público busca obtener información clave, incluyendo los registros de movimiento de los vehículos presidenciales y la identidad de los chóferes, así como sus horarios. La situación sigue evolucionando, y la presión sobre Boluarte y su administración aumenta, mientras la ciudadanía exige respuestas claras y una rendición de cuentas efectiva sobre los acontecimientos que han manchado la imagen del gobierno y la lucha contra la corrupción en Perú.
