La política filipina se encuentra en un momento crítico tras el arresto y extradición de Rodrigo Duterte, expresidente del país, a La Haya. Acusado de crímenes contra la humanidad por su gestión de la guerra contra las drogas, Duterte enfrenta un panorama judicial incierto, mientras su figura sigue generando una fuerte polarización en Filipinas, impactando directamente en las elecciones de medio término y en la estabilidad política de la nación.
Según la investigación publicada por The New York Times, hace seis semanas, el Centro de Detención de la Corte Penal Internacional en La Haya recibió una inusual avalancha de flores y tarjetas de cumpleaños dirigidas a su nuevo interno, Rodrigo Duterte, quien cumplió 80 años el 28 de marzo. Su abogado, Nicholas Kaufman, confirmó la magnitud del apoyo recibido, señalando que la corte se vio desbordada y que él mismo retiró varios sacos de correo para Duterte debido a la incapacidad de la corte para procesarlos.
A pesar de las acusaciones que pesan sobre él y del escrutinio internacional, Duterte conserva una base de apoyo significativa en Filipinas. Miles de sus seguidores se manifestaron en Davao City, vestidos con los colores de su partido político, demostrando la lealtad que aún inspira. Esta situación complica aún más el panorama político, ya que la imagen de Duterte sigue siendo un factor determinante en las elecciones en curso. No hay que olvidar que la popularidad de Duterte se cimentó sobre promesas de mano dura contra el crimen, especialmente el relacionado con las drogas, estrategia que, si bien controvertida, resonó con una parte importante de la población filipina.
La detención de Duterte ha provocado una profunda división en el país. Mientras que algunas encuestas sugieren que una mayoría de filipinos apoya la investigación internacional, muchos de sus partidarios consideran que es víctima de una persecución política orquestada por el actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., quien en el pasado fue aliado del clan Duterte. Este sentimiento de persecución alimenta la narrativa de la victimización, utilizada hábilmente por sus seguidores para movilizar apoyo y desacreditar las acciones de la CPI.
El arresto también parece haber tenido un impacto inmediato en la popularidad de los líderes políticos actuales. La aprobación de Marcos Jr. sufrió una caída considerable tras la detención de Duterte, mientras que la de su hija, Sara Duterte, actual vicepresidenta, experimentó un aumento significativo. Sara Duterte, considerada una potencial candidata a la presidencia, enfrenta un proceso de destitución con cargos graves que incluyen corrupción, conspiración para asesinar a Marcos Jr., participación en los asesinatos de la guerra contra las drogas e incitación a la insurrección. El destino político de Sara Duterte podría verse influenciado por el ambiente de simpatía generado en torno a su padre.
En Davao, la influencia de la dinastía Duterte persiste. Un hijo, Sebastian, es el candidato con mayores posibilidades de ganar la vicealcaldía, y se espera que asuma el cargo de alcalde si su padre resulta victorioso. La estructura familiar de poder se consolida aún más con la posible incorporación de al menos siete miembros de su familia al gobierno local. Sin embargo, por primera vez en la historia, tres familias políticas locales – los Nograleses, los Garcias y los Al-ags – se han unido para desafiar a los Duterte, sus antiguos aliados políticos. A pesar de esta alianza opositora, incluso figuras como Bernie Al-ag, ahora rival de Sebastian Duterte, expresaron su descontento con el arresto de Rodrigo Duterte, destacando la complejidad de las relaciones políticas en la región.
El equipo de Duterte ha capitalizado su situación legal en La Haya como herramienta de campaña. En un mitin en Manila, se proyectó un video de su arresto, y sus partidarios portaron camisetas y carteles con el lema “Tráiganlo de vuelta a casa”. Sara Duterte afirmó que el país estaba “pagando el precio por elegir al líder equivocado” y denunció el arresto y traslado de su padre para ser juzgado por “extranjeros”. Además del factor político, es importante tener en cuenta que el Estatuto de Roma, que rige la CPI, establece que el tribunal solo puede intervenir si los Estados miembros no pueden o no quieren investigar y juzgar los crímenes de su jurisdicción. Esta es una de las líneas de defensa clave del equipo legal de Duterte.
La vida de Duterte en el centro de detención en La Haya, según lo relatado por su abogado, Nicholas Kaufman, se describe como regimentada pero con ciertas comodidades. Se le proporciona arroz, tal como solicitó su familia, y se le permite recibir algunos productos de primera necesidad, como Coca-Cola Zero. Tiene acceso a un gimnasio, libros y un ordenador sin conexión a Internet. A pesar de estas facilidades, Kaufman enfatiza que sigue siendo una prisión. Su defensa argumenta que la CPI no tiene jurisdicción sobre el caso de Duterte, ya que Filipinas se retiró del Estatuto de Roma antes de que se autorizara la investigación sobre la guerra contra las drogas. La audiencia para la confirmación de los cargos está programada para el 23 de septiembre, momento crucial para el futuro legal del expresidente.
