La creciente inseguridad ciudadana en el Perú ha llevado a diversas instituciones a proponer medidas restrictivas para intentar frenar la ola de criminalidad. Primero fueron los alcaldes, luego el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y ahora la Defensoría del Pueblo ha presentado una iniciativa que busca limitar la circulación de motocicletas, un vehículo frecuentemente utilizado en actos delictivos, especialmente en ciudades declaradas en estado de emergencia. La propuesta plantea restringir la circulación de motos a una sola persona y prohibir su tránsito entre las 6 p.m. y las 6 a.m.
Según la investigación publicada por El Comercio, la Defensoría del Pueblo justifica la medida argumentando que muchos delitos, como el sicariato, la extorsión y el robo agravado, se cometen utilizando motocicletas. Esta propuesta se suma a otras iniciativas previas que buscaban controlar el uso de estos vehículos, incluyendo proyectos de ley que prohibían a dos personas viajar en moto y la exigencia de que los cascos y chalecos llevaran el número de placa.
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, defendió la propuesta explicando que la restricción horaria se basa en la identificación de “puntos pico” de criminalidad entre las 6 p.m. y las 10 p.m., así como entre las 4 a.m. y las 6 a.m. Reconoció que la medida podría afectar a ciudadanos que utilizan la moto para trabajar, especialmente en el servicio de delivery, pero argumentó que el derecho a la vida debe prevalecer. Gutiérrez sugirió que se podría flexibilizar el horario laboral para que las personas puedan regresar a sus domicilios antes de las 6 p.m.
La propuesta de la Defensoría del Pueblo ha generado un intenso debate. Expertos en seguridad ciudadana como Juan Carlos Sotil han señalado que este tipo de medidas restrictivas deben basarse en estudios de inteligencia policial o análisis estadísticos rigurosos. Sotil considera que la iniciativa debió ser formulada por la Policía Nacional del Perú (PNP) o el Ministerio del Interior, basándose en datos técnicos sólidos que justifiquen la restricción.
La Asociación de Motociclistas del Perú (Asmope) ha expresado su rechazo a la propuesta, argumentando que vulnera el derecho al libre tránsito de personas honestas que utilizan la moto para trabajar. David Montes Quiñones, vocero de Asmope, cuestionó que la Defensoría del Pueblo, en lugar de defender los derechos de la ciudadanía, esté promoviendo una medida que restringe la movilidad de los trabajadores, especialmente aquellos que laboran en horarios nocturnos o como independientes.
Por otro lado, el abogado Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional, advirtió que la medida podría ser declarada inconstitucional por vulnerar derechos fundamentales. Álvarez Miranda argumentó que la restricción no supera el test de proporcionalidad y racionalidad, ya que existen otras medidas menos gravosas que podrían ser más efectivas. Señaló que los motociclistas podrían recurrir al Tribunal Constitucional mediante una demanda de inconstitucionalidad.
Un análisis de datos realizado por Juan Carbajal reveló que la mayor cantidad de denuncias por extorsión y extorsión agravada se presenta entre las 7 a.m. y las 6 p.m., el horario en que la Defensoría del Pueblo plantea permitir la circulación de motos. En contraste, la menor cantidad de denuncias se registra entre las 6 p.m. y las 6 a.m., el horario que se propone restringir. Estos datos ponen en duda la efectividad de la medida propuesta.
La propuesta, que fue entregada a la presidenta Dina Boluarte, al jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, y al Ministerio del Interior, plantea una aplicación inicial de 30 días, con la posibilidad de ajustar los horarios y medir su impacto en la criminalidad. La Defensoría del Pueblo asegura que la iniciativa es producto de consultas a especialistas y a sus propias instancias internas, como la Adjuntía para la Seguridad Ciudadana y la Adjuntía para los Derechos Humanos.
