Durante la octava sesión de apelación en el caso del asesinato de cuatro líderes indígenas de la comunidad Alto Tamaya Saweto, en 2014, el abogado penalista José Ugaz presentó un informe técnico que respalda la sentencia condenatoria de primera instancia. La audiencia se realizó el jueves 12 de junio, como parte del proceso seguido contra Jose Estrada Huayta, Hugo Soria Flores y los hermanos Atachi Félix.
Según Inforegión, el documento fue admitido como amicus curiae a solicitud de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y de los familiares de las víctimas. En su contenido, Ugaz analiza 38 elementos probatorios que sirvieron de base en el juicio original y concluye que la condena está debidamente motivada. Señala, entre otros aspectos, la existencia de cuatro indicios plenamente acreditados que vinculan a los acusados con el crimen, todos relacionados con amenazas previas surgidas por actividades de tala ilegal en territorio indígena.
Conexiones con empresa maderera y valoración del testimonio protegido
El informe sostiene además que los sentenciados mantenían vínculos con la empresa Eco Forestal Ucayali S.A.C. (ECOFUSAC), con la cual la comunidad había enfrentado disputas legales por el uso y control de sus tierras. Esta relación habría sido parte del trasfondo del conflicto que terminó con el asesinato de los líderes ashéninkas.
Uno de los puntos analizados por Ugaz es la validez del testimonio del testigo protegido clave N.º 001-60-2019. El penalista argumenta que su declaración fue evaluada correctamente en el juicio, se permitió el derecho a contradicción, y no fue el único sustento para la condena, por lo que su inclusión respetó los principios del debido proceso.
El informe también detalla cómo se produjo el crimen, citando testimonios que indican que las víctimas fueron emboscadas y ejecutadas con armas de fuego, en un ataque que ha dejado profundas secuelas en la estructura social de la comunidad.
Daño colectivo y continuidad del proceso
Una de las principales recomendaciones de Ugaz es el aumento de la reparación civil a favor de las viudas de los líderes asesinados. A su juicio, el asesinato no solo generó un daño moral individual, sino que significó un atentado contra la organización y resistencia colectiva del pueblo ashéninka de Alto Tamaya Saweto, lo que debe reconocerse como un daño histórico y comunitario.
Durante la misma audiencia, la Primera Sala Penal de Apelaciones informó que fue rechazada la recusación presentada por la defensa de Jose Estrada Huayta, la cual alegaba una supuesta falta de imparcialidad de los jueces. La decisión ratifica la continuidad del tribunal sin alteraciones.
Dato:
La próxima y novena sesión de la audiencia fue programada para el miércoles 18 de junio a las 8:45 a. m., instancia en la que se escucharán los alegatos finales del Ministerio Público y de los representantes legales de las víctimas. Organizaciones indígenas como Aidesep y ORAU manifestaron su expectativa de que el proceso avance sin más dilaciones y se ratifique una sentencia que haga justicia a los líderes asesinados y a sus familias.
