El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, no solo enfrenta cuestionamientos por su reciente aparición en imágenes difundidas por Latina Noticias —donde se le ve reunido en un restaurante con Marco Palacios Meza, vinculado al caso Ícaro—, sino también acusaciones más graves: la Fiscalía lo sindica como líder de una red criminal enquistada en el Estado.
De acuerdo con el fiscal Carlos Ordaya, desde mayo de 2024 Santiváñez habría articulado una estructura ilícita desde el Ministerio del Interior, que luego extendió al Ministerio de Justicia, integrada por abogados de su estudio, generales de la Policía y empresarios.
La organización habría favorecido a la minera El Dorado con operativos y tráfico de influencias, además de encubrir a Nicanor Boluarte para evitar que enfrente una orden de prisión preventiva.
Las investigaciones detallan pagos de sobornos a oficiales para mantener cargos, contratación irregular de abogados y un esquema de encubrimiento que alcanza incluso al Palacio de Gobierno. Colaboradores eficaces identifican a Santiváñez como el cabecilla, mientras el Poder Judicial ya autorizó allanamientos contra nueve implicados.
En paralelo, la presidenta Dina Boluarte continúa respaldando públicamente a su hermano y a su ministro, pese a que este acumula ya 13 procesos fiscales en curso.
