La Fiscalía reveló que el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, utilizó su cargo para beneficiar a un antiguo cliente suyo, el coronel en retiro Percy Tenorio Gamonal, con contratos por un millón de soles.
El dinero fue entregado mediante cinco órdenes de servicio para que defendiera a los policías investigados por la represión que dejó más de 50 civiles muertos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
De acuerdo con la tesis fiscal, Santiváñez habría encabezado una organización criminal enquistada primero en el Ministerio del Interior y ahora en el Ministerio de Justicia. La red operaba a través de intermediarios, reuniones clandestinas y el direccionamiento de contratos, alterando los términos de referencia para favorecer a Tenorio Gamonal, quien carecía de los requisitos inicialmente exigidos.
Los fiscales señalan que los términos de referencia fueron modificados a la medida del estudio jurídico de Tenorio, bajando las exigencias profesionales para permitirle acceder a los contratos. En esta maniobra participaron funcionarios de la Defensoría de la Policía, quienes facilitaron los documentos y coordinaron directamente con el entorno del ministro.
La finalidad era clara: garantizar que los generales y coroneles procesados por las matanzas de civiles contarán con defensa pagada por el Estado, mientras los beneficiarios del esquema cobraban jugosos honorarios a través de la empresa de Tenorio, Asesoría y Proyecto Tenorio SAC.
Los oficiales favorecidos con esta red de corrupción fueron Augusto Ríos Tiravanti, Ántero Mejía Escajadillo, David Villanueva Yana, Gregorio Villalón Trillo y Walter Calla Delgado, todos bajo investigación por su responsabilidad en las muertes durante las protestas sociales.
Con estas revelaciones, la gestión de Dina Boluarte vuelve a quedar en entredicho: el ministro de Justicia, pieza clave de su entorno, no solo enfrenta acusaciones de liderar una red criminal, sino que aparece directamente vinculado a un esquema para blindar a responsables de graves violaciones de derechos humanos.
