El gobierno de Dina Boluarte defendió en Ginebra la cuestionada Ley de Amnistía bajo un argumento que sorprendió y generó indignación internacional: según el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, la medida se dictó como respuesta a “atentados terroristas que intentaron socavar la democracia y el Estado de derecho”.
La afirmación fue realizada en el marco del 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde Santiváñez aseguró que la norma se aprobó respetando la separación de poderes y para enfrentar ataques contra la institucionalidad del país. “Esta ley responde a atentados terroristas que causaron gran sufrimiento a nuestro pueblo”, dijo el ministro en su discurso.
Sin embargo, lo señalado no coincide con la realidad: en el Congreso, los promotores de la amnistía argumentaron que la medida era necesaria porque los procesos judiciales contra militares y policías por violaciones a los derechos humanos estaban “estancados”. Esa contradicción refuerza las críticas de organismos internacionales, que acusan al Ejecutivo de manipular la narrativa para justificar la impunidad.
La intervención del ministro se produjo apenas un día después de que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtiera que la Ley de Amnistía representa “un retroceso para la justicia y la verdad” y que normas de este tipo incrementan la tensión social y ponen en riesgo a las víctimas.
La defensa de Santiváñez se suma a la línea dura asumida por el Ejecutivo en las últimas semanas. La Presidencia ya había cuestionado la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Perú abstenerse de aplicar la Ley 32419, llegando incluso a plantear la revisión de la permanencia del país en el sistema interamericano de derechos humanos.
La narrativa oficial, ahora sustentada en “atentados terroristas”, marca un viraje en el discurso y expone al Gobierno de Boluarte a un mayor aislamiento internacional. Mientras tanto, la Fiscalía en Lima confirmó la autenticidad de un audio que compromete directamente al propio ministro de Justicia, debilitando aún más la posición del Perú frente a la comunidad internacional.
Lejos de cerrar heridas, la justificación esgrimida por Santiváñez amenaza con abrir un nuevo frente de confrontación: el de un Estado que intenta explicar la amnistía como respuesta a un enemigo interno que ya no existe, en lugar de asumir que la medida exonera a militares y policías acusados de graves violaciones a los derechos humanos.
