El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, viajó a Ginebra para participar en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde el Alto Comisionado Volker Türk lanzó duras críticas contra la Ley de Amnistía promulgada por el gobierno de Dina Boluarte. Türk advirtió que la norma, que favorece a militares, policías y comités de autodefensa procesados por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000, “es un retroceso para la justicia y la verdad”.
El pronunciamiento del máximo representante de derechos humanos de Naciones Unidas se produjo frente al propio Santiváñez, quien asistió a la cita con la venia de la presidenta Boluarte y tras superar un impedimento de salida del país levantado por el juez Edhin Campos, pese a que afronta 12 investigaciones fiscales por presuntos delitos de corrupción y abuso de autoridad. El viaje del ministro a Suiza, que tuvo un costo superior a los US$6.500, se convirtió así en escenario de un “jalón de orejas” internacional a la cuestionada política de amnistía.
En su intervención, Türk se alineó con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ha ordenado al Estado peruano abstenerse de aplicar la norma hasta que emita un fallo definitivo. El órgano internacional advirtió que cualquier autoridad que tramite solicitudes bajo esta ley debe ejercer control de convencionalidad y suspender su aplicación.
Hasta el momento no se conoce una respuesta pública del ministro frente al señalamiento del Alto Comisionado. Sin embargo, Santiváñez aprovechó su paso por Ginebra para sostener un encuentro bilateral con Mirjana Spoljaric, presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con quien abordó temas de asistencia humanitaria.
El regreso de Santiváñez al Ejecutivo, tras haber sido censurado como ministro del Interior, coincide con la estrategia del gobierno de Boluarte de reforzar su posición frente a la Corte IDH. De hecho, en marzo, cuando enfrentó la censura parlamentaria, Santiváñez dejó entrever su interés en promover la salida del Perú de dicho tribunal.
La Ley de Amnistía, aprobada en julio por el Congreso a iniciativa del almirante Jorge Montoya y respaldada por Fuerza Popular, fue promulgada el 13 de agosto por la presidenta Dina Boluarte pese a la orden expresa de la Corte IDH de detener su aprobación. La norma, hoy bajo escrutinio internacional, ha sido denunciada como un intento de garantizar impunidad a los responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otros abusos cometidos durante el conflicto armado interno.
