David Gabriel Lucero, miembro de la junta directiva del poblado San José de Cozo (distrito de Yarumayo), volvió a denunciar que decenas de familias afectadas por la obra de asfaltado en el tramo Higueras–San José de Cozo, en la margen derecha, continúan esperando el pago pendiente del PACRI por daños y liberación de predios. Según declaró, la población arrastra “varias” promesas sin cumplimiento y mantiene desconfianza frente a anuncios previos de solución.
Lucero sostuvo que, tras una reunión con el actual Director Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Huánuco, Luigui Renzo Vidal Véliz, se les habría indicado que el pago se concretaría “dentro de un mes” para todos los afectados. Además, afirmó que el funcionario habría dado un plazo “esta semana” al representante de PACRI para agilizar documentación y dejar los expedientes listos. Este medio precisa que dichas afirmaciones corresponden a lo expresado por el entrevistado y no incluyen, por ahora, sustento documental presentado públicamente.
De acuerdo con Lucero, la problemática se originó por la ejecución del asfaltado y los impactos en viviendas y terrenos ubicados a lo largo del trayecto. “Han sido afectados… todas las viviendas”, señaló, al explicar que el reclamo actual es que se reconozcan y paguen los daños a quienes —según su versión— fueron perjudicados por la obra vial.
El dirigente vecinal sostuvo que, por esa experiencia, la población se mantiene alerta ante nuevos compromisos. Aunque señaló que el director actual los habría recibido “bien” y “atendido bien”, insistió en que lo determinante será que los pagos se materialicen dentro del plazo anunciado. En esa línea, afirmó que esperan resultados inmediatos respecto a la entrega de documentos que —según lo indicado en la reunión— debían quedar listos durante la semana en curso.
En sus declaraciones, Lucero remarcó que no es la primera vez que reciben anuncios de pronta solución. Recordó que, con gestiones anteriores, también se habrían ofrecido plazos concretos: dijo que un exdirector de Transportes les habría señalado que la obra terminaría en ocho meses y que los pagos se realizarían antes de tres meses. Sin embargo, afirmó que ya pasó “más de un año” sin una respuesta efectiva para la mayoría.
Lucero también advirtió que, si no obtienen una respuesta pronta, la comunidad evaluará nuevas acciones colectivas. Según expresó, a la reunión acudió un grupo reducido y, de persistir la falta de solución, “vendrá toda la población” para exigir atención. Esta posible movilización, según su relato, sería una medida de presión ante lo que considera un patrón reiterado de incumplimientos.
Sobre la magnitud del caso, Lucero afirmó que serían 37 personas —correspondientes a viviendas afectadas— las que esperan el pago pendiente. Agregó que la situación habría tenido consecuencias directas en la vida cotidiana de las familias, pues, de acuerdo con su versión, solo a tres personas se les habría entregado viviendas prefabricadas, mientras que el resto “se ha buscado sus vidas”.
