Es difícil comprender cómo un grupo de empresarios, ciudadanos cuyo rubro es el cuidado de la salud y que trabajan directamente con personal médico, técnico y especializado, puedan destrozar un bien público destinado justamente a ese fin.
Como se sabe, la Clínica Bolívar tomó por alquiler un local de Beneficencia Pública a un costo bastante irrisorio, y tras varias irregularidades en su contrato, se convirtieron en inquilinos precarios por nada menos que 10 largos años.
Teófilo Huaynate, gerente de la beneficencia, no ha sido muy claro respecto a cuánto pagaba en un inicio la clínica y por cuánto tiempo duró el primer contrato.
Se conoce que en un segundo contrato renovado, sin el permiso de la directiva, y donde estuvo involucrada nada menos que la abogada Zulma Picón, se consideró un monto de 1800 soles mensuales.
Según Huaynate, el precio normal de un local de esas características es de 10 000 soles mensuales como mínimo.
Asimismo, el gerente aseguró que los inquilinos precarios, en este caso la representante de la empresa, Katlin Alvarado, han lucrado del local por 10 años sin pagar un centavo.
Peor aún, que ha abandonado el local después de tantos juicios, idas y venidas de la justicia, asimismo, lo han dejado literalmente destrozado y en un estado calamitoso.
Se puede visualizar en videos y fotografías, que las paredes, puertas, ventanas y servicios higiénicos han sido destruidos. Se ha llevado inclusive los tomacorrientes, alumbrado y mesas. Solo les faltó el cableado de la luz.
La beneficencia ha expresado que va a tomar acciones en contra de la representante de la empresa. Advirtió que los daños y perjuicios ascienden a más de 1 millón de soles.
Recordemos que este bien fue entregado durante la gestión de Jesús Giles como alcalde.
Realmente una venganza cobarde en contra de un local que han usufructuado por una década.
