La derrota legal de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Huánuco no es solo un revés administrativo: es la confirmación de una cadena de omisiones del Estado que hoy coloca en riesgo directo la continuidad del servicio público de salud. Tras 1 año y 4 meses de gestión, el director regional Gustavo Barrera Sulca reconoció lo inevitable: la institución perdió la titularidad del predio que ocupó durante 75 años y enfrenta una orden de lanzamiento judicial activa desde el ciclo fiscal 2025.
La sentencia, con calidad de cosa juzgada, cierra cualquier margen de discusión jurídica. Lo que queda es tiempo, y muy poco. La solicitud de una prórroga de entre 180 y 240 días no responde a una estrategia, sino a una urgencia extrema. A menos de un año del primer trimestre de 2026, la Diresa no cuenta con un plan de contingencia de infraestructura, pese a custodiar equipos de alta tecnología valorizados en millones de soles y operar servicios que no admiten interrupciones.
El problema trasciende a la administración actual, pero eso no atenúa sus consecuencias. La falta de saneamiento físico-legal acumulada por al menos tres o cuatro gestiones regionales convirtió una donación filantrópica de 1948 —realizada por Fausto Figueroa con el fin expreso de servir a la salud pública— en un litigio perdido por negligencia administrativa. El derecho de propiedad terminó imponiéndose, no por arbitrariedad, sino por la inacción sostenida del propio Estado.
Hoy, la supervivencia operativa de la Diresa depende menos de expedientes que de una delicada aritmética política. El directorio de la Beneficencia Pública, integrado por cinco miembros, se ha reconfigurado con dos representantes del Ministerio de la Mujer, dos de la Municipalidad Provincial de Huánuco y uno del Gobierno Regional. La administración de Barrera apuesta a que este nuevo equilibrio permita un acuerdo de convivencia temporal o un contrato de alquiler que otorgue oxígeno institucional.
Lo que está en juego no es menor. El eventual desalojo amenaza con paralizar el Laboratorio de Salud Pública, único en la región con capacidad certificada para atender a seis sistemas: Minsa, EsSalud, Policía Nacional, Ejército, INPE y clínicas privadas. La advertencia del propio Barrera —“la enfermedad no distingue cargos ni uniformes”— resume la dimensión del riesgo: sin este laboratorio, Huánuco quedaría prácticamente ciega en vigilancia epidemiológica.
Mientras el juez evalúa la prórroga solicitada y el directorio de la Beneficencia define su postura, el reloj sigue corriendo. La pregunta ya no es quién perdió el juicio, sino si las autoridades actuales serán capaces de evitar que una derrota legal se transforme en una crisis sanitaria con impacto directo en cientos de miles de ciudadanos.
