El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, respondió de forma categórica a las declaraciones del premier Gustavo Adrianzén, quien advirtió sobre una posible disolución del Parlamento si prosperan las cuatro mociones de censura en su contra y se le niega la confianza al próximo gabinete. Para Salhuana, no existe escenario constitucional que permita tal medida, especialmente porque ya se han convocado elecciones generales para abril de 2026.
“No es posible plantear una disolución del Congreso habiendo elecciones convocadas. Es una apreciación legalmente incorrecta. Hay que invocar a la serenidad. El premier está haciendo sus esfuerzos, pero son las bancadas quienes decidirán”, declaró el titular del Legislativo. Enfatizó que la Constitución solo habilita esta medida si se niegan dos cuestiones de confianza, lo cual no ha ocurrido ni durante el gobierno de Pedro Castillo ni el actual de Dina Boluarte.
Advertencia sin sustento legal
El último miércoles 7 de mayo, Adrianzén advirtió que, si el nuevo gabinete no recibe el voto de confianza tras una eventual censura en su contra, la presidenta estaría habilitada constitucionalmente para disolver el Congreso. No obstante, el abogado constitucionalista Diego Pomareda desestimó esa interpretación.
“Una censura no equivale a una cuestión de confianza rechazada. Para que se configure la causal, deben negarse expresamente dos votos de confianza a gabinetes distintos”, explicó Pomareda a La República. El especialista además aclaró que, incluso si Adrianzén intentara presentar una cuestión de confianza antes de ser censurado, el Congreso tiene potestad para evaluar si cumple los requisitos legales.
Nueva normativa refuerza límites al Ejecutivo
Desde la reforma legislativa aprobada tras la crisis política de 2022, el Congreso se reserva el derecho de calificar si una cuestión de confianza es válida, especialmente si se refiere a competencias exclusivas del Legislativo. Según Pomareda, el actual marco legal, avalado por el Tribunal Constitucional, hace “políticamente imposible” que el Congreso abra la puerta a su propia disolución.
“La amenaza de disolución es más una herramienta retórica en un contexto de tensión que una posibilidad real”, sentenció el constitucionalista. La decisión sobre la permanencia de Adrianzén se debatirá el jueves 15 de mayo en el Pleno.
