En una decisión que marca un momento crucial en la política peruana, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la congresista Lady Camones Soriano de Alianza para el Progreso (APP), ha declarado improcedente la denuncia constitucional presentada contra la presidenta Dina Boluarte. La acusación, formulada por el ciudadano Ciro Silva Paredes, alegaba la comisión de delitos de lesa humanidad y genocidio durante las protestas de diciembre de 2022 y marzo de 2023.
La denuncia, catalogada bajo el número 360, fue rechazada el último 15 de mayo por un resultado de 8 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Según Silva Paredes, la mandataria estaba involucrada en crímenes contra la vida, el cuerpo y la salud, bajo la categorización de genocidio, conforme al artículo 319 del Código Penal peruano.
El contexto de la denuncia se remonta a las intensas manifestaciones contra el gobierno de Boluarte, que, según acusaciones, resultaron en una “masacre” y múltiples crímenes de lesa humanidad debido a la represión de dichas marchas. Además, la acusación extendía su alcance al exprimer ministro Alberto Otárola, el exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, y a 70 congresistas implicados en la aprobación del ingreso de tropas estadounidenses a 13 regiones del país.
La resolución de la subcomisión cierra, por ahora, el capítulo legal en torno a estos graves alegatos, aunque la polarización política en Perú sigue siendo palpable. El rechazo de la denuncia refleja las complejidades del sistema judicial y legislativo peruano en tiempos de turbulencia política.
