El desembolso de S/ 23 millones para el pago de la deuda social en Huánuco fue presentado por el dirigente de Patria Roja Julio Falcón y Acosta como una señal de voluntad política del Gobierno Regional de Huánuco, aunque —según sostuvo— el impacto real es mínimo frente a lo que ordenan las sentencias judiciales. De acuerdo con sus declaraciones, los beneficiarios estarían recibiendo apenas S/ 3,000 por persona, pese a que los fallos establecen el pago íntegro en un plazo de 20 días, lo que mantiene abierto el conflicto con docentes cesantes y otros trabajadores.
Según manifestó Falcón, el contraste entre el monto autorizado y lo efectivamente entregado evidencia que el problema de fondo no está resuelto. El dirigente señaló que, en su caso personal, la deuda reconocida asciende a S/ 73,000, pero que solo accederá a una fracción de ese monto. Conforme explicó, esta situación no es excepcional y se repite en numerosos expedientes que llevan años en trámite judicial.
Falcón atribuyó esta demora a lo que calificó como una práctica prolongada del aparato estatal. Según indicó, durante años se realizaron pagos incorrectos desde instancias como la Dirección Regional de Educación y otros sectores, lo que obligó a los trabajadores a iniciar procesos judiciales extensos para obtener una orden de pago. De acuerdo con su versión, incluso con sentencia firme, el cumplimiento sigue siendo parcial.
Pago parcial
De acuerdo con Julio Falcón, la magnitud del problema alcanza a miles de docentes, aunque reconoció no manejar una cifra exacta. Según explicó, los dirigentes sindicales tendrían un conteo más preciso, mientras que él se identifica como un profesor y exdirector cesado que hoy actúa principalmente en el plano político y social. En ese marco, sostuvo que la deuda social no es un reclamo aislado, sino un problema estructural que afecta a amplios sectores del magisterio.
El dirigente reconoció que la disposición del pago regional no proviene aún del Ministerio de Economía y Finanzas, sino de recursos disponibles en el tesoro público regional. Según señaló, ese detalle explica por qué el desembolso no cubre la totalidad de las sentencias. No obstante, insistió en que, desde su perspectiva, la retención de pagos constituye una vulneración de derechos económicos.
Falcón sostuvo que la postergación reiterada refleja una incapacidad del Estado para responder a obligaciones reconocidas por el propio sistema judicial. Según afirmó, el incumplimiento sostenido ha generado malestar entre docentes jubilados y cesantes que, tras décadas de servicio, continúan esperando el reconocimiento efectivo de sus derechos económicos.
En paralelo al reclamo por la deuda social, el dirigente introdujo otro eje de conflicto: el reconocimiento legal de los docentes cesantes. De acuerdo con su relato, existe una lucha organizada que se inició en 2023 desde Huaraz, impulsada por dirigentes del magisterio, con el objetivo de lograr una ley que garantice mejores condiciones para los maestros jubilados.
Ley observada
Según indicó Falcón, el proyecto de ley logró ser aprobado en segunda votación en el Congreso de la República, pero posteriormente fue observado por la presidenta Dina Boluarte y devuelto al Legislativo. El dirigente calificó esa decisión como política y perjudicial para los docentes cesantes, señalando que el proceso quedó entrampado pese al respaldo parlamentario previo.
De acuerdo con sus declaraciones, el futuro de la norma depende ahora del presidente del Congreso, quien debe colocar el proyecto en agenda para su debate y eventual aprobación definitiva. Según advirtió, mientras eso no ocurra, el magisterio cesante seguirá postergado, a pesar de que el Estado continúa asignando recursos a otros sectores.
Falcón cuestionó que, según su apreciación, se destinen fondos públicos a rubros como equipamiento y logística para las Fuerzas Armadas, mientras los reclamos de jubilados y cesantes permanecen sin solución. En ese contexto, también mencionó la existencia de corrupción en el aparato estatal como un factor que, desde su punto de vista, agrava el descontento ciudadano.
El dirigente vinculó este escenario con el clima político nacional. Según afirmó, el malestar de trabajadores y docentes tendrá impacto en las próximas elecciones, porque —dijo— la ciudadanía evaluará a los partidos y bancadas que hoy controlan el Congreso y el Ejecutivo. En esa línea, mencionó a diversas fuerzas políticas con representación parlamentaria, a las que responsabilizó por aprobar normas que, según su criterio, van en contra de los intereses de los trabajadores.
El debate queda abierto en dos frentes simultáneos. Por un lado, el cumplimiento efectivo de las sentencias por deuda social y la posibilidad de que los pagos parciales se conviertan en cancelaciones integrales. Por otro, el destino de la ley de jubilación docente, que sigue a la espera de una decisión política en el Congreso. Según lo expuesto por Julio Falcón, ambos temas marcarán no solo la relación del Estado con el magisterio cesante, sino también el pulso social y político en el periodo preelectoral que se avecina.
