El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, volvió a sorprender con un nuevo proyecto legislativo que viene impulsando, el cual exime de responsabilidad penal a policías y militares por el uso de armas en operativos y protestas. Alega “persecución política” contra más de 1.300 agentes investigados y pide cerrar equipos fiscales como el Eficavip.
Rospigliosi sostiene que su iniciativa —presentada en octubre— busca que no se procese penalmente a efectivos que usen sus armas “en defensa del orden constitucional” frente a ataques violentos contra infraestructura pública o privada. En el texto se incluyen escenarios como toma de aeropuertos, bloqueos de carreteras y agresiones a entidades estatales o privadas.
El proyecto incorpora una disposición transitoria que extendería el beneficio a hechos ocurridos durante las protestas de 2022 y 2023, reabriendo un debate explosivo: si la norma se aprueba, el alcance no sería solo “hacia adelante”, sino también sobre episodios ya bajo investigación.
Durante un homenaje en el Congreso por la actuación de la PNP y las FF. AA. tras la crisis del 7 de diciembre de 2022, Rospigliosi afirmó que ambas instituciones “salvaron al país” y denunció que las investigaciones contra más de 1.300 agentes no serían procesos regulares, sino una “persecución política”. Incluso criticó que, según su versión, algunos efectivos son citados como testigos y luego pasan a ser investigados.
El parlamentario respaldó la desactivación de equipos especiales del Ministerio Público y pidió ir más allá: cerrar unidades como el Eficavip, conformada por más de 70 fiscales y funcionarios que investigan presuntos abusos en el marco de las protestas. Según Rospigliosi, esas unidades se enfocan en agentes del orden mientras los promotores de disturbios no recibirían un trato equivalente.
Rospigliosi adelantó que la segunda votación podría realizarse el 18 de diciembre, aunque dependerá de la agenda parlamentaria. Aun así, aseguró que el proyecto mantiene impulso político en el Congreso.
La iniciativa suma respaldos entre quienes piden reforzar el marco legal del uso de la fuerza en contextos violentos. Pero también enfrenta críticas por el riesgo de crear un blindaje absoluto que debilite el control judicial en eventuales casos de violaciones a derechos humanos.
