Abogado acusa al Congreso de no combatir la delincuencia por posibles vínculos criminales
El abogado y ex decano del Colegio de Abogados, Rodolfo Espinoza, manifestó su preocupación ante la falta de acción del Congreso frente a la creciente ola de delincuencia en las ciudades del país. Según Espinoza, la situación se ha agravado debido a la ineficacia de las medidas implementadas hasta el momento, y señaló que algunos legisladores podrían estar relacionados con organizaciones criminales.
“El gobierno tiene que ser claro al proponer esta ley, porque el Congreso lleva tiempo debatiéndola y no se aprueba. Esto nos hace sospechar que muchos congresistas tienen vínculos con estas organizaciones”, expresó Espinoza durante una reciente entrevista. Para el abogado, es necesario que se declare a estos actos como “terrorismo urbano” y, de esa manera, aplicar el artículo 140 de la Constitución, que permite la pena de muerte en casos de terrorismo. “No es posible que en el Perú se esté matando por siete soles y no tengamos capacidad de respuesta”, agregó.
Espinoza también criticó la estrategia del gobierno de declarar el estado de emergencia en ciertas regiones afectadas por la delincuencia. Según él, estas medidas son insuficientes, ya que solo provocan que los criminales se trasladen a otros distritos o departamentos. “No nos olvidemos que ya se ha declarado el estado de emergencia antes y no se ha dado ninguna solución real”, señaló.
Sanciones claras
El abogado fue contundente al proponer que la ley establezca sanciones claras contra los funcionarios que obstruyan la persecución de estos delitos. “La ley debe determinar que serán considerados miembros de las organizaciones criminales aquellos funcionarios, jueces, fiscales, policías, notarios, abogados, etcétera, que de alguna manera entorpezcan los procesos de investigación y sanción”, afirmó Espinoza.
Cuando se le consultó sobre la posible necesidad de abandonar la Corte Interamericana de Derechos Humanos para implementar la pena de muerte, Espinoza rechazó esa idea. “De ninguna manera, porque el artículo 140 de la Constitución, que permite la pena capital, es de 1993 y nadie ha planteado su inconstitucionalidad. Desde entonces, han pasado más de dos décadas, y es completamente legítimo que un Estado tome medidas proporcionales cuando están matando a estudiantes, trabajadores y ciudadanos inocentes”, aseguró.
El abogado también subrayó la urgencia de romper con el tratamiento igualitario entre ciudadanos y delincuentes. “Es evidente que se debe romper esta igualdad. Estos actos deben ser considerados terrorismo urbano porque, a diferencia del terrorismo político o religioso, aquí solo se busca el lucro a costa de la vida humana”, explicó Espinoza, refiriéndose a la brutalidad con la que operan los delincuentes en el país.
Por otro lado, Espinoza no dudó en criticar al propio Congreso, acusándolo de ser parte del problema al emitir leyes que, según él, benefician a los delincuentes. “Es tiempo de que los congresistas hagan lo que el pueblo les pide. No puede ser que para aprobar leyes que les beneficien a ellos actúen rápidamente, pero para aprobar leyes que protejan al ciudadano no hagan nada”, sentenció.
Dato:
Rodolfo Espinoza advirtió que de no tomarse las medidas necesarias, el país corre el riesgo de quedar bajo el control de organizaciones criminales que ya están infiltradas en diversos sectores. “Lamentablemente, estas organizaciones mueven tanto dinero que sus tentáculos están alcanzando a todos, incluidos políticos y magistrados”, concluyó Espinoza.
