La reciente declaración del ex presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, sobre la cirugía estética a la que se sometió la presidenta Dina Boluarte, podría tener implicaciones legales para el propio gabinete ministerial de aquel entonces. Según el abogado constitucionalista Luciano López, lo revelado ante la Comisión de Fiscalización del Congreso pone en evidencia una presunta omisión de funciones, que habría sido cometida por el Consejo de Ministros al no informar al Parlamento sobre la intervención quirúrgica de la mandataria.
¿Delito de omisión de funciones?
El pasado martes, Alberto Otárola aseguró ante la Comisión de Fiscalización que Boluarte permaneció en contacto con su equipo ministerial durante el periodo de su cirugía, entre el 28 de junio y el 12 de julio, y que incluso participó en reuniones virtuales del Consejo de Ministros.
“La señora presidenta de la República pasó por un procedimiento quirúrgico, pero en este proceso no desatendió sus funciones. Tuvo reuniones virtuales y estuvo atenta al desarrollo de la administración pública”, afirmó Otárola.
Sin embargo, el abogado constitucionalista Luciano López, en declaraciones exclusivas para Infobae Perú, explicó que estas afirmaciones podrían confirmar una falta grave. Según López, tanto la presidenta como el gabinete tenían el deber constitucional de comunicar al Congreso sobre la intervención quirúrgica, especialmente si esta afectaba temporalmente el ejercicio pleno de sus funciones.
“El artículo 114 de la Constitución establece que, ante un impedimento temporal, el Parlamento puede suspender al presidente de la República y delegar sus funciones al titular del Congreso. Esto no es una sanción, sino un mecanismo para garantizar que no exista vacío de poder”, explicó el especialista.
Trabajo remoto y la legalidad de sus acciones
Otárola justificó la ausencia física de Boluarte argumentando que existe una norma que permite a la presidenta asumir sus funciones de manera remota. No obstante, López señaló que esta normativa solo es aplicable en casos específicos, como viajes al exterior previamente autorizados por el Parlamento.
“La ley aprobada por el Congreso permite que el presidente trabaje de manera remota, pero solo si se encuentra en un viaje al extranjero. En este caso, Dina Boluarte no viajó ni solicitó permiso para ello. Además, la naturaleza del procedimiento quirúrgico y el reposo necesario la imposibilitaban para ejercer sus funciones plenamente”, detalló el constitucionalista.
Para López, esta situación no solo constituye una infracción a la Constitución, sino también un presunto delito de omisión de funciones, al no haber informado al Parlamento. “El problema radica en que ni Boluarte ni el gabinete tenían competencia para decidir que podía gobernar desde una clínica. Esa decisión le correspondía exclusivamente al Parlamento”, subrayó.
El impacto en todo el gabinete
Las declaraciones de Otárola no solo involucran a Dina Boluarte, sino que también afectan a los demás miembros del Consejo de Ministros. Según López, todos ellos serían corresponsables, pues compartían la obligación de garantizar que la mandataria comunicara al Congreso su situación.
“El exministro Otárola ha sido ingenuo al intentar defenderse jurídicamente. La discusión no es si la presidenta estaba disponible o si trabajaba con la cámara apagada. El problema es que, independientemente del procedimiento médico, se omitió un acto fundamental: informar al Parlamento, la única autoridad competente para decidir sobre la continuidad temporal de las funciones presidenciales”, señaló.
El constitucionalista añadió que la defensa podría argumentar que no era necesario comunicar al Parlamento, equiparando esta situación a una enfermedad menor como un resfriado. Sin embargo, López enfatizó que la cirugía fue un procedimiento que justificaba informar al Legislativo, ya que implicaba un periodo de recuperación que pudo haber afectado su capacidad para ejercer plenamente el cargo.
Precedente constitucional y político
Esta controversia no solo expone un posible vacío legal en la gestión de situaciones temporales de salud del presidente, sino que también plantea preguntas sobre la transparencia y la ética en el ejercicio del poder. Según López, este caso pone en evidencia la necesidad de regular con mayor precisión los procedimientos a seguir cuando el jefe de Estado enfrenta una incapacidad temporal.
“El cargo presidencial es 24/7, y el Parlamento tiene la responsabilidad de decidir en casos de impedimentos temporales. Este caso demuestra que aún hay vacíos legales y una falta de claridad en los procesos que garantizan la continuidad del poder ejecutivo”, opinó López.
Repercusiones políticas y sociales
En un contexto político marcado por la desconfianza ciudadana hacia las instituciones, este episodio no pasa desapercibido. Las redes sociales y la opinión pública han cuestionado si Boluarte y su gabinete actuaron con la debida diligencia al gestionar esta situación.
Además, la polémica refuerza las críticas sobre la falta de transparencia en la administración pública. Los ciudadanos exigen respuestas claras sobre el cumplimiento de las responsabilidades constitucionales, especialmente en un momento en que el Ejecutivo enfrenta niveles récord de desaprobación.
Un llamado a la acción legislativa
El caso Boluarte-Otárola pone de manifiesto la necesidad de legislar con mayor detalle sobre las responsabilidades y procedimientos en casos de incapacidad temporal del presidente. Aunque la Constitución establece ciertos lineamientos, los vacíos legales permiten interpretaciones que, como en este caso, generan controversia y dudas sobre su constitucionalidad.
El Parlamento podría aprovechar este caso para revisar y, de ser necesario, modificar las normas que regulan estas situaciones. Esto no solo fortalecería el marco jurídico, sino que también aumentaría la confianza en las instituciones públicas.
Conclusión: un cuestionamiento al liderazgo
La cirugía de Dina Boluarte, que inicialmente parecía un asunto privado, ha escalado a un debate constitucional y político. Las declaraciones de Alberto Otárola ante el Congreso han puesto en duda la gestión del gabinete y su cumplimiento con las obligaciones legales.
El posible delito de omisión de funciones no solo afecta a la presidenta, sino también a todo el Consejo de Ministros, cuya responsabilidad colectiva podría tener consecuencias legales y políticas. En un país donde la estabilidad política y la confianza en las instituciones son frágiles, este caso podría marcar un precedente crucial para la gestión futura de la presidencia y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Según el informe de Renato Silva para Infobae, este caso subraya la importancia de actuar con transparencia y apego a la Constitución, especialmente en el más alto cargo del país.
