La ejecución de la carretera doble vía Rancho–Panao–Rumichaca enfrenta un riesgo de paralización debido a conflictos sociales surgidos en los últimos meses en torno a los depósitos de material excedente de la obra. La advertencia fue formulada por el alcalde distrital de Umari, Kenny González, quien solicitó la instalación urgente de una mesa técnica con el ministro de Transportes y Comunicaciones para evitar que el proyecto se detenga.
Según explicó la autoridad, el problema radica en que los espacios destinados para depositar material excedente no estarían plenamente contemplados o viabilizados en el expediente técnico, lo que ha generado desacuerdos con propietarios de terrenos. Indicó que, en un inicio, se habrían alcanzado ciertos entendimientos, pero posteriormente se habrían elevado las exigencias económicas, configurando un escenario de tensión que hoy impacta en el desarrollo de los trabajos.
El pedido de intervención del Gobierno central se sustenta, de acuerdo con lo señalado, en que las autoridades locales no cuentan con competencia para modificar aspectos técnicos o contractuales del proyecto. En ese contexto, se remitió un oficio reiterativo al gobernador regional de Huánuco para que interceda y facilite una reunión directa con el titular del sector Transportes.
El alcalde sostuvo que la posibilidad de paralización es “latente” si no se instalan mecanismos formales de diálogo. Propuso que la mesa técnica incluya al gobernador regional, alcaldes provinciales y distritales, representantes de la sociedad civil, dirigentes del Frente de Defensa, la empresa contratista y el equipo de supervisión, con el fin de establecer compromisos claros y una hoja de ruta consensuada.
Dirigentes del Frente de Defensa de Pachitea cuestionaron que no se haya concretado una reunión con el ministro pese a un compromiso asumido en diciembre. La autoridad respondió que en la quincena de ese mes se realizó un encuentro en el campamento de la empresa con participación de dirigentes y representantes técnicos, donde ya se advertían los actuales conflictos, pero que factores del escenario político nacional habrían limitado la programación de una cita oficial.
La controversia expone una tensión estructural: los gobiernos locales canalizan la presión social inmediata, pero las decisiones sobre expedientes técnicos, adendas o ajustes contractuales dependen del Ejecutivo. En un contexto nacional marcado por crisis política y cuestionamientos al gabinete, la demora en la interlocución ministerial se traduce en incertidumbre para una provincia que considera estratégica esta vía.
La eventual paralización no solo implicaría retrasos en la obra, sino también un impacto social y económico para los distritos de Pachitea que esperan mejoras en conectividad. La respuesta del Ministerio de Transportes y la capacidad de articulación entre niveles de gobierno marcarán el rumbo de un proyecto que, más allá del conflicto puntual, se ha convertido en prueba de gobernabilidad territorial.
