La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huánuco revocó la detención preliminar dictada contra dos efectivos policiales investigados por presunto cobro ilegal, al concluir que no existían pruebas suficientes ni razones urgentes para mantener la medida. La decisión fue adoptada el 15 de enero de 2026 en Pillco Marca y ordenó la inmediata libertad de los implicados.
El fallo alcanza a Luis Alberto Tolentino Gonzales y Christian Oscar Sandoval Gómez, quienes habían sido detenidos por disposición judicial emitida en diciembre de 2025, en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción vinculados a una intervención policial. Según indicó la Sala Penal, la resolución cuestionada no explicó de manera adecuada por qué era necesaria una detención preliminar, ni acreditó un riesgo real de fuga u obstaculización del proceso, conforme a los estándares legales.
De acuerdo con la imputación fiscal, los hechos materia de investigación se remontan al año 2017, cuando un ciudadano con requisitoria vigente denunció que efectivos policiales le habrían solicitado dinero para evitar su detención. En este contexto, también fue comprendido en la investigación Juan Carlos Bailón Villogas, presunto intermediario en la solicitud de dinero, según la versión del denunciante.
Sala cuestiona sustento de la detención preliminar
Al analizar el caso, el colegiado advirtió que la denuncia formal fue presentada varios años después de ocurridos los hechos y que, pese al tiempo transcurrido, no se realizaron diligencias clave como el reconocimiento de personas ni la toma oportuna de declaraciones a todos los investigados. Para los magistrados, la imputación se sustentó principalmente en la versión del denunciante, sin otros elementos objetivos que respalden una medida tan restrictiva como la detención.
Durante la audiencia de apelación, el representante del Ministerio Público informó que, mediante disposición fiscal, Luis Alberto Tolentino Gonzales ya había sido puesto en libertad, hecho que fue aceptado por su defensa. En ese escenario, la Sala consideró que el agravio que motivó la apelación había desaparecido respecto a dicho investigado, por lo que se declaró la sustracción de la materia en ese extremo.
En relación con Christian Oscar Sandoval Gómez, el tribunal concluyó que tampoco se cumplían los presupuestos legales para mantener la detención preliminar. Según señaló la resolución, el investigado cuenta con domicilio conocido, vínculo familiar acreditado y condición laboral estable, circunstancias que no fueron valoradas correctamente en la decisión inicial del Juzgado de Investigación Preparatoria.
Con esta decisión, el proceso penal continuará en etapa de investigación con los implicados en libertad. La Sala Penal recordó que la privación de la libertad debe aplicarse de manera excepcional y solo cuando exista una justificación clara y proporcional, incluso en investigaciones por presuntos actos de corrupción, las cuales —precisó— pueden desarrollarse sin recurrir a medidas extremas.
