En un giro sorprendente en el sector financiero peruano, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ha impuesto una sanción de S/1.7 millones al Banco de Crédito del Perú (BCP). Esta multa responde a los aportes no declarados que la entidad realizó a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011, ascendiendo a un total de US$3.65 millones.
Los detalles de los desembolsos clandestinos fueron revelados por Dionisio Romero Paoletti, entonces presidente del BCP, en noviembre de 2019. Admitió que el dinero se entregó en diecisiete ocasiones diferentes, desde noviembre de 2010 hasta mayo de 2011, sin el conocimiento del Directorio del banco ni de la entidad supervisora.
Este acto ha llevado a la SBS a formar un equipo ad hoc para investigar la irregularidad, concluyendo que varios ejecutivos de alto nivel, incluido Romero Paoletti, violaron las normas del sistema bancario al mantener estos aportes en secreto.
La sanción impuesta busca castigar la falta de transparencia y el incumplimiento de los procedimientos internos que debían garantizar la integridad de las operaciones financieras del banco. La fiscalía, utilizando esta supervisión como prueba, sugiere que el origen de estos fondos podría indicar un intento de ocultar su trazabilidad, configurando un posible caso de lavado de dinero.
Este incidente subraya la importancia de la transparencia en el financiamiento de campañas políticas y el rol crucial que juegan las instituciones financieras en prevenir la corrupción.
