El Ministerio Público ha expresado su preocupación por la promulgación de una serie de leyes impulsadas desde el Congreso y no observadas por la presidenta Dina Boluarte, que, según la institución, comprometen la lucha contra el crimen organizado y las violaciones graves a los derechos humanos. Según María Alejandra Gonzales para Infobae, De acuerdo con un informe citado por Infobae, estas normativas limitan herramientas clave para la persecución del delito, favoreciendo indirectamente a redes corruptas y mafias criminales.
En un comunicado oficial, el Ministerio Público subrayó que estas leyes afectan áreas críticas como la colaboración eficaz, la detención preliminar, los plazos de prescripción y la independencia del sistema judicial. A continuación, se detallan las seis leyes cuestionadas y su impacto en la labor de la fiscalía:
1. Ley 31990: Restricciones a la colaboración eficaz
La colaboración eficaz ha sido una herramienta fundamental en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en el Perú. Sin embargo, la Ley 31990 introduce limitaciones al tiempo disponible para corroborar la información proporcionada por los colaboradores eficaces.
“Esta medida obstaculiza investigaciones complejas, ya que reduce la capacidad de los fiscales para verificar datos esenciales en casos que requieren un análisis exhaustivo y prolongado”, señaló el Ministerio Público.
Aprobada con 84 votos a favor en el Congreso, esta normativa ha generado controversia entre las autoridades, que temen que su aplicación debilite los procesos judiciales contra redes criminales de alto perfil.
2. Ley 32108: Obstáculos en la lucha contra el crimen organizado
La Ley 32108 incorpora nuevas categorías para sancionar a grupos criminales, pero establece requisitos adicionales que complican la tipificación y sanción de estas organizaciones. Además, la normativa exige la presencia de un defensor público durante los allanamientos.
“Este requisito afecta la agilidad de las investigaciones y podría ralentizar los procesos, debilitando la capacidad de respuesta frente al crimen organizado”, afirmó la fiscalía.
3. Ley 32107: Redefinición de crímenes de lesa humanidad
La Ley 32107 redefine la aplicación de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, lo que, según el Ministerio Público, limita la capacidad de la fiscalía para actuar en casos de violaciones graves a los derechos humanos.
“Esta modificación genera vacíos legales que dificultan la persecución de los responsables de delitos graves, especialmente en casos con sentencias firmes”, advirtió la institución.
4. Ley 32182: Sanciones a fiscales y jueces
Una de las normativas más controvertidas es la Ley 32182, que establece sanciones para fiscales y jueces en el ejercicio de sus funciones si no respetan ciertos criterios.
“Esta medida busca intimidar al sistema de justicia, comprometiendo la independencia y la imparcialidad de fiscales y jueces. El impacto directo es un debilitamiento de la eficacia del sistema judicial”, destacó el Ministerio Público.
5. Ley 32181: Exclusión de detención preliminar para efectivos policiales
La Ley 32181 elimina la posibilidad de aplicar detención preliminar o prisión preventiva a efectivos policiales que, en el ejercicio de sus funciones, hagan uso de su arma de fuego causando lesiones o muertes.
“Esta medida crea un trato diferenciado para ciertos actores, contraviniendo el principio de igualdad ante la ley. Además, limita la capacidad de los fiscales para investigar casos delicados”, aseguró la fiscalía.
6. Ley 31751: Reducción de plazos de prescripción
La Ley 31751 reduce los plazos de prescripción para ciertos delitos, lo que, según el Ministerio Público, afecta la persecución de crímenes graves.
“Esta reducción de plazos beneficia a los responsables de delitos complejos, quienes podrían evadir la justicia debido a la falta de tiempo para completar las investigaciones y procesos judiciales”, enfatizó la institución.
Impacto de las leyes en la lucha contra el crimen
El Ministerio Público ha advertido que estas leyes representan un retroceso significativo en la defensa de la legalidad y la persecución del delito. “El marco legal actual genera obstáculos que benefician indirectamente a redes criminales y dificultan la capacidad de las autoridades para proteger los derechos ciudadanos”, subrayó.
Además, la fiscalía señaló que las normativas limitan su autonomía y crean un ambiente de inseguridad jurídica para los operadores de justicia. Este panorama podría comprometer gravemente la eficacia del sistema judicial y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Posición del gobierno y el Congreso
El gobierno de Dina Boluarte no observó las leyes aprobadas por el Congreso, lo que ha generado críticas desde diversos sectores. Organismos internacionales también han expresado su preocupación por el impacto de estas normativas en los estándares de justicia y derechos humanos.
Por su parte, representantes del Congreso han defendido las leyes como medidas necesarias para equilibrar las funciones de los poderes del Estado. Sin embargo, expertos legales han advertido sobre el riesgo de crear un sistema judicial menos independiente y más vulnerable a las influencias externas.
