La reciente destitución de los coroneles PNP Harvey Colchado Huamaní y Walter Lozano Pajuelo, bajo el argumento de “renovación de cuadros”, ha desatado una ola de críticas y acusaciones contra el gobierno de Dina Boluarte. Según sus abogados, la medida es una vendetta política disfrazada de procedimiento administrativo, con motivaciones que van desde chantajes hasta represalias por investigaciones incómodas que comprometían a la presidenta y su entorno cercano.
Una Vendetta Política
El abogado de los oficiales, Miguel Pérez Arroyo, calificó la decisión como una represalia orquestada desde el más alto nivel del Gobierno. “Lo que han hecho con Colchado y Lozano es una vendetta política, y el ministro del Interior, Juan Santiváñez, es el verdugo”, afirmó Pérez.
El trasfondo de la polémica radica en la participación del coronel Harvey Colchado en operaciones clave contra la corrupción. Como jefe del equipo de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac), Colchado encabezó el allanamiento de la residencia de Dina Boluarte y participó en la detención de su hermano Nicanor Boluarte, ambos relacionados con los casos “Los Waykis en la Sombra” y “los Rolex”.
En este contexto, el exabogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda Segovia, habría ofrecido ascensos a Colchado y Lozano a cambio de filtrar información sensible. Ante su negativa, ambos oficiales fueron pasados al retiro, según denuncias presentadas por sus defensores.
Argumentos Controvertidos
Las justificaciones oficiales para la destitución han sido calificadas como inconsistentes y tendenciosas. Según el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria Angulo, la medida responde a un proceso regular de evaluación. Sin embargo, múltiples fuentes han señalado que estos argumentos son falsos.
Entre las razones presentadas están la antigüedad en el grado y una sanción disciplinaria reciente contra Colchado. No obstante, Luciano López Flores, constitucionalista que acompaña la defensa, sostiene que estas justificaciones no tienen fundamento legal: “Dentro de la institución hay oficiales más antiguos que no han sido retirados, lo que demuestra el carácter arbitrario de esta decisión”, afirmó López.
Sanción y Manipulación Administrativa
Una de las sanciones utilizadas para justificar el retiro de Colchado se refiere a una foto de una torta de cumpleaños publicada en redes sociales, que simbolizaba un operativo contra la mandataria Boluarte. La sanción fue impuesta apenas días antes de la firma de la resolución de retiro por parte del ministro del Interior, un hecho que, según la defensa, evidencia una estrategia deliberada para justificar la baja de Colchado.
Miguel Pérez también denunció irregularidades en el caso del coronel Walter Lozano, quien estaba cursando un programa de alto mando, requisito indispensable para su ascenso a general. “Nunca antes en la historia de la Policía se ha dado de baja a un oficial mientras realiza un curso pagado por el Estado”, señaló el abogado.
Funcionarios Protegidos
La arbitrariedad de la medida queda en evidencia al observar la situación de otros oficiales dentro de la Policía Nacional. Por ejemplo, el coronel Luis Huamán Santamaría, quien pertenece a la misma promoción que el general Óscar Arriola y es más antiguo que Colchado y Lozano, no fue incluido en la lista de retiro.
Asimismo, se ha señalado que otros oficiales con sanciones de rigor, como el mayor César Fuentes Rivera y el comandante Ismael Arroyo Roca, permanecen en servicio activo. Este último, conocido como los “ojos y oídos” del ministro Santiváñez, habría sido protegido por su cercanía con la cúpula del actual gobierno.
Reacción del Gobierno
El ministro del Interior, Juan Santiváñez, negó categóricamente que exista una vendetta política detrás de los retiros. “En absoluto existe una venganza. Este es un proceso regular dentro de la normatividad policial”, declaró a Radioprogramas. Sin embargo, las declaraciones del ministro han sido desmentidas por múltiples informes y voces críticas que acusan al Gobierno de manipular las instituciones policiales en beneficio propio.
La Opinión Pública y el Futuro de la Justicia
La destitución de Harvey Colchado y Walter Lozano ha generado indignación en la opinión pública, que percibe estas acciones como un intento del Gobierno de silenciar a quienes investigan casos que lo involucran. Los defensores de los coroneles han advertido que buscarán justicia una vez que finalice el régimen de Dina Boluarte, confiando en que los responsables de estas decisiones arbitrarias enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
Mientras tanto, el caso refleja una crisis de confianza en las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y la justicia en el país. La percepción de que el Gobierno utiliza su poder para influir en las decisiones policiales y judiciales pone en jaque la legitimidad del actual régimen y subraya la necesidad de reformas profundas en el sistema de seguridad y justicia.
