La audiencia en la que la Fiscalía sustenta su pedido de 18 meses de prisión preventiva contra José Antonio Plejo Malpartida, alias “Plejo”, y otros cinco investigados por el asesinato del transportista Luis Chuquin Chávez, fue reprogramada para el 20 de noviembre, debido a la presentación de nuevos elementos de convicción que deben ser notificados a las partes antes del debate. La sesión estaba a cargo del juez Iván Aguirre Antonio, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, quien en septiembre ya había dictado prisión preventiva para dos de los procesados en este caso.
Un crimen que estremeció al sector transporte
El hecho ocurrió el 16 de agosto, cuando Chuquin Chávez, conductor de un tráiler que trasladaba 688 sacos de arroz desde Tarapoto hacia el mercado de Santa Anita, fue atacado por una banda criminal que lo habría seguido y esperado en un punto estratégico de la carretera Huánuco–Tingo María. De acuerdo con la tesis fiscal, el transportista intentó resistir el robo, por lo que fue golpeado brutalmente hasta perder la vida. Los atacantes arrojaron su cuerpo por una pendiente del caserío Cerro Azul, a la altura del kilómetro 49 de la vía, donde fue hallado dos días después.
Una detención clave permitió ubicar el cuerpo
El caso avanzó cuando Willie Espinoza Benancio fue detenido con parte de la carga robada en una vivienda de Huayllabamba. Durante su interrogatorio, y en un intento por obtener beneficios procesales, condujo a los agentes hasta el punto donde abandonaron el cadáver del transportista e identificó a Plejo Malpartida como quien habría dirigido y coordinado el violento atraco.
Los investigados para quienes el fiscal Brady Aguirre Ocaña solicita prisión preventiva son: José Antonio Plejo Malpartida (“Plejo”), Denys Soria Tolentino, Carlos Soria Tolentino, Arturo Flores Santa María, Miguel Félix Beltrán Cueto y Anthony Junior Plejo Huaytán, todos incluidos en la carpeta fiscal por presunta participación en el homicidio y robo agravado.
Expectativa por nueva audiencia
La Fiscalía sostiene que nuevos elementos incriminan a los investigados y refuerzan el peligro procesal. La reprogramación mantiene en vigilia a la familia de la víctima y al sector transporte, quienes demandan una sanción ejemplar frente a este crimen que sacudió a Huánuco.
