El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, presentó este martes 20 de enero su carta de renuncia “irrevocable”, en medio de cuestionamientos públicos que se intensificaron tras un reportaje televisivo sobre presuntas contrataciones laborales irregulares durante su gestión. La dimisión ocurre, además, luego de reportarse un intento de fuga del interno Juan Carlos Gonzales en el penal de Piura, hecho que volvió a poner en debate la capacidad de control y respuesta dentro del sistema penitenciario.
En el documento de renuncia, Paredes agradece la confianza recibida y afirma que su salida busca no afectar la continuidad del servicio. “Reitero mi disposición a realizar una transferencia ordenada y transparente, a fin de no afectar la continuidad del servicio penitenciario ni los objetivos institucionales en curso”, señala en la carta difundida públicamente. Con su decisión, el INPE queda a la espera de una designación que permita contener la crisis de credibilidad y responder a las exigencias de control interno, en un escenario donde las denuncias y la inseguridad carcelaria se convierten en un frente de alta sensibilidad política y ciudadana.
El detonante inmediato de la renuncia fue un informe del programa Cuarto Poder, emitido el último domingo, que expuso indicios de una presunta red de contrataciones realizada al margen de rutas regulares de selección. Según la investigación periodística, documentos revisados apuntan a que algunas personas no habrían pasado por procedimientos formales ni por áreas administrativas responsables, sino que habrían acudido primero al despacho presidencial y, semanas después, figuraron como contratadas con recursos del Estado para cumplir funciones administrativas.
El señalamiento no solo pone bajo la lupa los criterios de ingreso a la institución, sino que abre una discusión mayor: si el INPE estaba incorporando personal por vías informales, el problema trasciende lo administrativo y golpea directamente la gobernanza penitenciaria, donde la cadena de mando, el control y la meritocracia son claves. En ese marco, la renuncia de Paredes aparece como una salida política para descomprimir el costo del caso, pero deja pendiente el punto central: qué ocurrió con los procesos, quiénes intervinieron y si se determinarán responsabilidades administrativas o penales.
