La ola de reclamos surgida tras la publicación de los resultados de la Prueba Única Nacional (PUN) para la renovación docente del ciclo 2026 no es un episodio menor ni un ruido pasajero. Lo que está en cuestión es la credibilidad de un sistema que se sostiene, al menos en el discurso normativo, sobre la meritocracia. Cuando decenas de maestros denuncian que el orden de méritos no habría sido respetado y que decisiones clave quedaron sujetas a criterios discrecionales de directores y comités de evaluación, el problema deja de ser administrativo y se convierte en político e institucional.
El Decreto Supremo Nº 022-2025-MINEDU buscaba ordenar un proceso sensible, pero su aplicación ha dejado flancos abiertos. La principal falla no parece estar en la norma, sino en cómo se ejecuta en el territorio. La concentración de quejas en determinadas UGEL y la sospecha de que al menos 25 casos habrían sido favorecidos por evaluaciones subjetivas revelan una debilidad estructural: el excesivo poder discrecional en manos de directivos sin contrapesos efectivos. Cuando el 70% de las denuncias se asocia a instituciones con vínculos políticos, la sombra del clientelismo deja de ser una insinuación y se convierte en una hipótesis verosímil.
La publicación tardía de los lineamientos agravó el escenario. Reducir el periodo de fiscalización a apenas 14 días no solo limita la capacidad de revisión, sino que transmite un mensaje peligroso: que el control es una formalidad y no una garantía. En ese contexto, testimonios de docentes con más de cinco años de servicio que pierden plazas frente a postulantes con menor puntaje, sustentados en informes de desempeño cuestionables, no pueden ser despachados como casos aislados o percepciones subjetivas.
El trasfondo electoral de 2026 añade un componente que no puede ignorarse. La posibilidad de que directores con aspiraciones municipales utilicen la renovación de contratos como herramienta de captación política no es una conjetura descabellada en un país con antecedentes de uso patrimonial del Estado. En al menos tres provincias ya se reportan indicios de condicionamiento de contratos. En un contexto donde un sueldo promedio de S/ 3,100 mensuales representa un ingreso clave para cientos de familias, el control de plazas se convierte en un instrumento de poder local.
La intervención del Ministerio Público, ante alertas de posibles sellos adulterados en 16 expedientes, confirma que el problema ha superado el ámbito administrativo. La estabilidad del año escolar 2026 y la educación de cerca de tres millones de estudiantes dependen de una respuesta firme. Auditar, transparentar y corregir no es una concesión a la protesta docente; es una obligación del Estado para preservar la meritocracia y evitar que la educación pública vuelva a ser moneda de cambio.
