La formalización minera en Perú enfrenta un punto de inflexión tras la reciente promulgación del Decreto Supremo N°009-2025-EM, firmado por la presidenta Dina Boluarte justo antes de su viaje al Vaticano para la entronización del Papa León XIV, de nacionalidad peruana. Esta normativa, que reglamenta la Ley N°32213 sobre la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), ha desatado una ola de críticas y acusaciones sobre su potencial para perpetuar la minería ilegal en el país. La controversia central radica en la disposición que permite la transferencia del Reinfo por herencia, un mecanismo que, según expertos, podría convertir un proceso temporal en uno indefinido, abriendo la puerta a graves distorsiones y al fortalecimiento de actividades ilícitas vinculadas a la extracción de minerales.
Según la investigación publicada por El Comercio, este decreto ha generado una fuerte controversia entre expertos, ex ministros y congresistas quienes alertan sobre el riesgo de que esta medida favorezca a la minería ilegal y desnaturalice el proceso de formalización.
El Decreto Supremo N°009-2025-EM, rubricado también por el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, introduce la figura de la sucesión en el Reinfo, estableciendo que, en caso de fallecimiento del titular inscrito, el registro puede ser transferido a sus herederos. La norma especifica que, si existen múltiples herederos, la solicitud debe ser presentada por una persona jurídica conformada exclusivamente por ellos, designando así un único responsable para gestionar los impactos de la actividad minera y culminar el proceso de formalización. Esta disposición, aparentemente destinada a facilitar la continuidad de los trámites, ha sido interpretada por algunos como una estrategia para prolongar indefinidamente la permanencia en el Reinfo, beneficiando a quienes operan al margen de la ley.
César Ipenza, abogado experto en materia ambiental, ha expresado su preocupación ante esta medida, advirtiendo que transforma el proceso de formalización minera en algo “perpetuo y eterno”. Según Ipenza, al permitir la herencia del Reinfo, se abre la posibilidad de que el registro se transmita de generación en generación, alejándose de su carácter temporal y favoreciendo la continuidad de actividades mineras informales. Esta situación, según el experto, podría estar impulsada por intereses ajenos al bienestar del país, insinuando una connivencia entre funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y actores involucrados en la minería ilegal. Además, Ipenza señala que recientes modificaciones a la Ley APCI dificultan que las ONG demanden al Estado por este tipo de decisiones, limitando la defensa del derecho a un medio ambiente sano.
Las críticas también han surgido desde el ámbito político. El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, ha calificado de “desnaturalización” del Reinfo la posibilidad de heredarlo, argumentando que esta medida contradice el objetivo original del registro de ordenar y fiscalizar a la pequeña minería. Herrera Descalzi sostiene que un reglamento no puede modificar la ley ni ampliar sus alcances, y advierte que la posibilidad de heredar el Reinfo podría abrir la puerta a su venta, perpetuando así las prácticas ilegales. Además, señala que el problema del Reinfo no radica en la pequeña minería o la artesanal, sino en su utilización por parte de la minería ilegal, que se aprovecha del registro para acceder a explosivos, combustible y sustancias químicas, facilitando la comercialización de minerales extraídos ilícitamente.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) también ha manifestado su alarma ante la decisión del Ejecutivo de establecer el carácter hereditario del Reinfo, argumentando que “un registro no es un derecho adquirido”. Julia Torreblanca, presidenta de la SNMPE, ha señalado que un Reinfo no representa un derecho sobre un bien y que, en todo caso, debería regularse para evitar que se considere un derecho hereditario. Asimismo, ha advertido que esta medida podría perpetuar la condición de informalidad y favorecer la proliferación de actividades mineras al margen de la ley, generando un doble discurso por parte del gobierno.
Ante la creciente controversia, el Ministerio de Energía y Minas ha defendido la medida, argumentando que la minería a pequeña escala es mayoritariamente una actividad familiar y que, en caso de fallecimiento del titular, es “necesario y razonable” permitir que sus herederos continúen con el proceso de formalización. Sin embargo, esta justificación no ha logrado calmar las críticas ni disipar las dudas sobre los verdaderos propósitos detrás de la modificación. Diversas bancadas del Congreso han expresado su rechazo al reglamento y han anunciado la presentación de una moción de interpelación contra el ministro Montero Cornejo para que explique ante el pleno del Parlamento las razones detrás de esta política.
