Por Arlindo Luciano Guillermo
Conflicto de intereses. Poner al gato de despensero. ¡Flagrante retroceso! Directo a la yugular de la Sunedu. ¿Retorno de la ANR y la Conafu? Priorizar el interés superior de los estudiantes. ¿Se comprará el pleito el presidente Pedro Castillo? Hoy las universidades funcionan si tienen licenciamiento otorgado y supervisado por la Sunedu; no hay excepciones. De ese modo se garantiza la calidad de enseñanza y formación adecuada de profesionales que se insertan en el mercado laboral o incursionan en la gestión pública y privada con meritocracia e innovación. La ley universitaria 23733 (1983) estuvo vigente hasta la promulgación de la ley 30220 (2014), un paradigma de eficiencia e idoneidad que también tiene que ir perfeccionándose; es decir, luego de 31 años. Las leyes también tienen obsolescencia y limitaciones. Precisamente, la nueva ley universitaria, artículo 12, crea “la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) como organismo público técnico-especializado adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa…”.
La Sunedu no cierra universidades, sino suspende el examen de admisión y les exige condiciones mínimas de funcionamiento que garanticen calidad de enseñanza y formación profesional responsable. Una universidad con licencia denegada puede volver al proceso de licenciamiento ahora con vallas más altas que la anterior. En la Comisión de Educación del Congreso, integrada por PL, AP, FP, RP y APP, se aprobaron dictámenes cuestionables que pretenden recortar las funciones, autonomía y decisiones de la Sunedu, modificar el Consejo Directivo y otorgar dos años más a las universidades, con licencia denegada, para que sigan funcionando mientras trabajan los requisitos que deben cumplir obligatoriamente. Creo que, en el pleno del Congreso, estos proyectos de ley no pasarán porque lo más importante es velar y defender, con uñas y dientes, la calidad de la educación superior en el Perú, la reforma universitaria en marcha y el rol de la Sunedu.
La Comisión de Educación del Congreso se propone resucitar a la ANR de la ley 23733 que, en su momento, jamás se interesó por la calidad educativa de la universidad. En esa línea, se incluiría al Consejo Directivo, órgano máximo y de mayor jerarquía de la Sunedu, cuatro rectores: dos de universidades públicas y dos de privadas. ¿Quién garantiza la despolitización e imparcialidad de dichos miembros? Las funciones, entre otras, del Consejo Directivo (siete miembros, cinco de los cuales por concurso público) es “aprobar, denegar, suspender o cancelar las licencias para el funcionamiento del servicio de educación superior universitaria bajo su competencia”. Esta es la madre del cordero: debilitarlo, contaminarlo de intereses políticos y empresariales, hacer cuestión de Estado, generar mayorías y hacer que la educación superior de calidad pierda fuerza, dirección y contundencia. Cuatro es mejor que nada. Al respecto, la Sunedu se pronunció así: “En la discusión de estos proyectos no se han tomado en cuenta las opiniones técnico-jurídicas de la Sunedu, que defiende la imparcialidad y autonomía que todo organismo técnico especializado debe mantener en su rol de garante de un servicio público esencial, como es la educación universitaria peruana”.
La Unheval, la UNAS y la UDH son universidades licenciadas cuyo trabajo institucional y de gestión se orientan, precisamente, a otorgar la mejor calidad de enseñanza a los estudiantes, con infraestructura adecuada, docentes calificados (mínimo con maestría, producción intelectual y académica que se publican en revistas indexadas) laboratorios, bibliotecas físicas y virtuales, investigación, extensión cultural y proyección social, currículo actualizado y moderno, transparencia de gestión, etc.). En esas universidades hubo un trabajo previo y esforzado, una labor corporativa y de equipo multisectorial, para alcanzar el cumplimiento y demostración de los indicadores para que se les otorgue el licenciamiento temporal y renovable por seis años; no es para siempre tal licenciamiento, hay que renovarla con nuevos estándares, más rigurosos. Sobre el riesgo de interrumpir la reforma universitaria, cuál es la posición de las autoridades universitarias, docentes, colegios profesionales, Colegio de Profesores del Perú (del que soy miembro activo), de los expertos en educación superior, los pedagogos con admirables grados académicos. Es necesario saber qué piensan para orientar la opinión pública. El Minedu tiene que ser categórico: está a favor o en contra de la Sunedu y la continuidad de la reforma universitaria.
Dice Marianella Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional: “El hecho de que Sunedu haga su labor de control, regulación y fiscalización no atenta contra la autonomía universitaria”.
La Sunedu debe seguir conservando autonomía y decisiones sin injerencia política ni partidaria. Interrumpir la reforma universitaria es un grave atentado contra la calidad educativa en la universidad. Que una universidad tenga licenciamiento no quiere decir que se ha convertido en excelente; solo ha cumplido estándares mínimos para continuar con una educación de calidad. El Congreso no puede hacer “el papel de lobista” a favor de universidades cuyo licenciamiento fue negado por desidia, ineptitud o carencia de inversión por la Sunedu. Defender la educación de calidad es un imperativo y una obligación moral. Todo lo avanzado sobre la reforma universitaria se frustra, queda en nada, se cae, si se vulnera la independencia, la imparcialidad y el desempeño profesional, técnico y eficiente de la Sunedu y del Consejo Directivo. De este parecer, con justa razón, es un grupo de universidades públicas y privadas (PUCP, UP, UL, UNCH, UNSA, UPT, Unife, entre otras) que suscribieron un pronunciamiento público en contra de los proyectos de ley de la comisión de educación del Congreso. La calidad del servicio educativo en las universidades no hay que tomarla como un juego ni una correlación de fuerzas políticas.
