En sesión ordinaria del Concejo Provincial, autoridades y representantes vecinales expresaron su preocupación por conflictos territoriales en Santa María del Valle y por deficiencias en la implementación de reductores de velocidad en la ciudad, en medio de reiterados pedidos de fiscalización y rendición de cuentas.
La regidora Sherly denunció que autoridades y comuneros de Santa María del Valle y Churubamba alertaron sobre un ingreso “violento” de personas del distrito de Umari, perteneciente a otra provincia, con la aparente intención de intervenir una fuente de agua ubicada en territorio huanuqueño. Según relató, la situación generó una protesta ciudadana para exigir que el Gobierno Regional de Huánuco delimite claramente las fronteras entre las provincias de Huánuco y Pachitea.
“Si el gobierno regional va a intervenir dentro de nuestra jurisdicción, debe comunicarse con las autoridades locales”, reclamó Sherly, quien confirmó que se ha enviado un documento formal al gobierno regional exigiendo respeto a las autoridades comunales y a las competencias locales.
Reductores de velocidad: reclamos por irregularidades y omisiones
Por su parte, la regidora Miluska cuestionó la inasistencia reiterada de la gerente de Transporte, Ligia Ávila, convocada en tres oportunidades para responder por la instalación de rompemuelles sin criterios técnicos adecuados. “Huánuco merece respeto. Queremos explicaciones claras sobre por qué se han construido jibas fuera de medida y sin estudio técnico”, insistió.
El alcalde informó que la funcionaria no acudió debido a su participación en una mesa de trabajo sobre seguridad vial, junto con representantes de la policía y el Ministerio Público. No obstante, aseguró que será citada nuevamente en la siguiente sesión para rendir cuentas.
La regidora también recordó que ha solicitado formalmente los antecedentes técnicos y financieros sobre los rompemuelles instalados en 2024, pedido que —según afirmó— sigue sin ser atendido.
Aunque el alcalde reconoció la necesidad de reforzar la seguridad vial, advirtió que ninguna junta vecinal puede intervenir en las vías públicas sin autorización técnica. “Se va a reponer el rompemuelle, pero tiene que seguir el procedimiento técnico correspondiente”, afirmó.
Observaciones de Contraloría
Miluska presentó además un informe reciente de la Contraloría que señala posibles perjuicios económicos por obras incompletas y ejecución deficiente de los reductores de velocidad. Subrayó que no se trata de llenar la ciudad con rompemuelles, sino de respetar las normas técnicas y evitar riesgos para peatones y conductores.
Dato
Roy Marín Orihuela, presidente del barrio Paltos, denunció que se dejó inconclusa la instalación de un rompemuelle, a pesar de que los trabajos ya habían dañado la vía. Relató que los vecinos fueron incluso contactados por una funcionaria para aportar S/ 1.200 bajo el argumento de que la pista era más ancha, situación que calificó de inaceptable.
