Pertenecían a las jurisdicciones de Lima, Ucayali y Áncash, y sus nombres fueron registrados en “planillas” que manejaba la hermana de Rodolfo Orellana, Ludith Orellana y también fueron identificados por los colaboradores eficaces de la organización criminal.
Cada vez que una víctima de la organización criminal de Rodolfo Orellana iniciaba acciones legales contra este o miembros de su banda, fracasaba en su intento de recuperar la propiedad que le había sido arrebatada con documentos falsos y suplantación de personas. Los afectados tropezaban con una muralla de 16 jueces y 5 fiscales a los que Orellana tenía comprados para que rechazaran o archivaran las denuncias en su contra, o para convalidar la usurpación de los inmuebles.
La fiscal de lavado de activos Marita Barreto Rivera, después de una extenuante labor de 4 años y 8 meses, ha logrado identificar a los magistrados implicados con la asociación criminal de Rodolfo Orellana. Según su informe entregado a la Fiscalía de la Nación, la organización de Orellana no podría haber funcionado sin la participación de jueces y fiscales. Ahora los ciudadanos despojados de sus viviendas o terrenos entienden por qué no conseguían ganarle los procesos al letrado que operaba desde su bufete en la avenida Guardia Civil 835, en San Isidro.
Para identificar a jueces y fiscales cómplices fueron claves las declaraciones de los colaboradores eficaces. Ellos dijeron que Orellana abrió oficinas en Ucayali y Ancash.
