Durante años, la construcción de la carretera Rancho–Panao ha sido una aspiración largamente postergada para la provincia de Pachitea. Hoy, pese a la urgencia social y el potencial de desarrollo que representa, el avance de este proyecto sigue atascado en una maraña de desinterés institucional, trabas técnicas y falta de voluntad política.
Se ha señalado que uno de los principales impedimentos es la ausencia de un expediente técnico actualizado. Sin este documento, ningún metro de vía puede ser mejorado, ni mucho menos construido. No se trata de un trámite menor: el expediente recoge los aspectos topográficos, ambientales, de impacto social y de interferencias físicas que deben resolverse antes de iniciar cualquier obra. En el caso específico de la ruta Rancho–Panao, estos problemas incluyen el tendido de cableado eléctrico y de telefonía, cuya reubicación no ha sido gestionada con eficacia.
Lo más grave, sin embargo, no es la falta de estudios, sino la actitud displicente de algunas autoridades. Pese a que esta vía ha sido reconocida como prioritaria para mejorar la interconexión entre distritos rurales, los alcaldes y el Gobierno Regional no han actuado con la urgencia que el caso requiere. Lejos de coordinar esfuerzos, algunos han optado por el silencio o la inacción. No basta con firmar convenios; se necesita liderazgo efectivo y compromiso público.
Una carretera no solo reduce distancias físicas. Permite que los campesinos lleven sus productos a los mercados, que los escolares lleguen a sus centros educativos en mejores condiciones, y que los servicios del Estado puedan acceder con mayor eficiencia a las zonas alejadas. En zonas como Rancho, Panao y Rumichaca, donde el desarrollo sigue siendo una promesa pendiente, una vía bien ejecutada puede marcar la diferencia entre la subsistencia y la oportunidad.
En este contexto, la eventual visita de la presidenta de la República a la zona debería ser aprovechada no para nuevas promesas, sino para firmar un acuerdo concreto que destrabe el proyecto. Los alcaldes distritales, provinciales y el gobernador regional deben acudir con una posición conjunta, exigiendo no solo presupuesto, sino plazos, acciones y seguimiento.
La provincia ya no espera discursos: exige hechos. La carretera Rancho–Panao no puede seguir siendo rehén de la burocracia ni del cálculo político. Es momento de priorizar las necesidades reales de la población y de demostrar que la planificación y la palabra empeñada pueden transformarse en obras concretas.
