Rafael López Aliaga, figura central de Renovación Popular y aspirante a la Presidencia, podría quedar fuera de la carrera electoral de 2026 si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declara nulas las elecciones internas del partido realizadas el 30 de noviembre. Un grupo de militantes presentó un pedido formal ante el máximo órgano electoral en el que sostiene que el proceso habría estado marcado por vulneraciones al debido proceso y a los principios de democracia interna, transparencia, imparcialidad e igualdad entre participantes.
El requerimiento busca que el JNE aplique un criterio similar al utilizado recientemente en el caso de Acción Popular, cuya elección primaria fue anulada por “vicios sustanciales” que afectaron la democracia interna y el debido proceso, decisión que terminó por sacarlo de competencia para las Elecciones Generales 2026.
En el documento difundido por la prensa, los militantes sostienen que los presuntos vicios detectados serían insubsanables y piden que se determinen las consecuencias legales correspondientes, incluida —de corresponder— la exclusión del proceso electoral 2026 por incumplimiento de las reglas de democracia interna.
Estándares mínimos
La solicitud presentada ante el JNE plantea que el proceso interno de Renovación Popular no habría cumplido “estándares mínimos” de democracia interna. En esencia, el grupo de militantes sostiene que no se trató de observaciones menores o corregibles, sino de fallas que habrían comprometido la legitimidad misma de la elección primaria.
El escrito incorpora un argumento clave: que el JNE no debería convalidar ni permitir una subsanación posterior si se acredita que existieron “vicios sustanciales”. Con ello, los solicitantes apuntan a un desenlace de alto impacto: si se declara la nulidad total de los comicios internos, el partido quedaría sin un proceso válido que respalde sus candidaturas, escenario que pondría en riesgo la participación de su líder en la contienda presidencial.
En paralelo, el caso vuelve a colocar bajo foco público el rol del JNE como instancia que fiscaliza el cumplimiento de la democracia interna partidaria y define si un proceso interno se ajusta a las reglas exigidas para habilitar candidaturas. En los últimos días, ese rol se volvió especialmente visible tras la decisión sobre Acción Popular, donde el tribunal electoral concluyó que las irregularidades identificadas impedían sostener un proceso válido de selección de candidatos.
Núcleo de la controversia
Según la información difundida por medios, el pedido de nulidad fue formulado por Jorge Aspillaga Valderrama, quien sostiene que una lista de candidatos en la región Lambayeque no habría sido admitida para competir en las internas. A partir de ese hecho, el solicitante denuncia decisiones y actuaciones que habrían llevado al Comité Electoral Regional a rechazar su propuesta, dejando en carrera únicamente otra relación de postulantes.
