El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quedó en el centro de la polémica tras lanzar una amenaza de muerte contra el periodista Gustavo Gorriti durante la inauguración de la inconclusa Vía Expresa Sur. Con un lenguaje propio del argot delincuencial, el burgomaestre señaló: “Hay que cargárselo de una vez al caballero”, aludiendo al director de IDL-Reporteros como un supuesto obstáculo para instaurar tribunales militares en el país.
Las expresiones, difundidas en plena conferencia de prensa, no pasaron desapercibidas. La periodista Rosa María Palacios advirtió que se trata de una amenaza directa y pidió a la Fiscalía iniciar de inmediato una investigación. “No es una broma ni una metáfora: es un llamado explícito a eliminar físicamente a un periodista”, sostuvo.
López Aliaga no se limitó a la amenaza. En su intervención también vinculó a Gorriti con la exalcaldesa Susana Villarán, procesada por presuntos aportes ilegales de Odebrecht y OAS, asegurando sin pruebas que ambos forman parte de una “red corrupta que se ha ensañado con el Perú”.
El propio Gorriti respondió a estas agresiones en entrevistas pasadas, donde calificó los discursos del alcalde como un ejercicio sistemático de desinformación. “El tipo repite, repite esos mantras desaforados. Más que un mantra, parece un ejercicio psicótico. Detrás de ello hay una lógica: la de la desinformación”, señaló.
La gravedad de la amenaza adquiere un matiz mayor en el contexto actual: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó a Gorriti medidas cautelares desde 2019, reconociendo el riesgo que enfrenta por amenazas, hostigamientos y campañas de estigmatización que lo etiquetan de “terruco”.
Expertos advierten que las declaraciones de López Aliaga no solo comprometen su responsabilidad penal, sino que profundizan la espiral de violencia verbal y política en el país. Además, reavivan el debate sobre el uso del poder público para atacar a la prensa crítica, en momentos en que la libertad de expresión enfrenta crecientes amenazas.
En paralelo, el alcalde justificó su postura asegurando que tribunales militares serían la solución a la inseguridad ciudadana, pese a que la Defensoría del Pueblo y la Corte Interamericana han advertido que estas instancias carecen de independencia y suponen un grave riesgo de impunidad para autoridades y fuerzas de seguridad.
