En el ámbito de las telecomunicaciones en Perú, un debate significativo ha surgido en torno al Proyecto de Ley N° 10285, recientemente aprobado por la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso. Esta iniciativa legislativa, impulsada por la congresista Lady Camones de Alianza Para el Progreso (APP), propone obligar a las operadoras y comercializadoras de telefonía celular a activar la función de radio FM en todos los dispositivos que cuenten con esta capacidad de fábrica. La justificación principal reside en la necesidad de garantizar el acceso a información crucial para la población en situaciones de emergencia, particularmente durante desastres naturales como terremotos, donde la comunicación tradicional podría verse comprometida.
Según la investigación publicada por Gestión, este proyecto, a pesar de su noble intención, ha generado controversia y escepticismo entre expertos del sector, quienes señalan posibles obstáculos técnicos y económicos, así como su limitada efectividad para resolver el problema de fondo de la comunicación en emergencias.
El gerente general de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Juan Pacheco, critica la tendencia del Estado a delegar responsabilidades que le corresponden al sector privado. Pacheco argumenta que la obligación de mantener la infraestructura de telecomunicaciones operativa durante 72 horas en caso de apagones, como lo exige el proyecto, es inviable según estándares internacionales. Destaca que la verdadera urgencia radica en establecer un sistema autónomo de atención de emergencias, que incluya sensores, centros de datos y redes satelitales, en lugar de depender exclusivamente de la radio FM, que también podría fallar en situaciones críticas.
Por su parte, el periodista tecnológico Jesús Véliz plantea un problema fundamental: la obsolescencia del hardware necesario para la recepción de señal FM en muchos teléfonos modernos. Afirma que los procesadores actuales priorizan funciones como 5G, NFC o WiFi 6, dejando de lado el chip de radio FM, cuya activación mediante software es imposible en muchos modelos. Véliz desmiente categóricamente la acusación de que las operadoras bloquean deliberadamente esta función para favorecer el consumo de datos, calificándola como una falsedad peligrosa sin evidencia técnica ni legal que la respalde. Ni Osiptel ni el MTC han presentado pruebas al respecto.
Ambos expertos concuerdan en que, si bien la radio FM puede ser una herramienta útil en emergencias, su efectividad en las condiciones actuales del país es cuestionable. Véliz plantea interrogantes sobre la infraestructura de respaldo de las emisoras de radio, como la disponibilidad de grupos electrógenos y personal de emergencia, sugiriendo que se pretende imponer la radio como un salvavidas sin garantizar su capacidad real de funcionamiento. En este sentido, Pacheco propone una solución más realista: la inclusión de una radio a pilas en cada mochila de emergencia.
La aprobación de esta ley podría acarrear consecuencias negativas para el mercado de telefonía móvil en Perú. Según Véliz, teléfonos de gama alta, como los iPhone, podrían dejar de comercializarse en el país al no cumplir con el requisito de tener radio FM. Esto limitaría la oferta de dispositivos disponibles para los consumidores y podría generar un aumento de precios. Además, el sobrecosto de implementar las exigencias del proyecto, como el acceso gratuito a emisoras vía internet, podría recaer en las operadoras o en los planes de datos, afectando a todos los usuarios.
Finalmente, el proyecto pone de manifiesto una deficiencia crucial del Estado peruano: la falta de un sistema nacional de alertas ante desastres naturales. El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (SISMATE), concebido como un canal de avisos por celular, aún no tiene capacidad para alertar sobre sismos, y no existe un plan de comunicación multicanal con soporte estatal. En lugar de fortalecer la red pública de alertas o exigir que las radios cuenten con protocolos de emergencia, el Congreso busca obligar a las operadoras a cubrir esta carencia, una medida que, según Véliz, responde más a intereses políticos que a criterios técnicos.
