La reciente aprobación del Proyecto de Ley N° 10285 por la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso ha desatado un debate sobre la viabilidad y eficacia de obligar a las operadoras de telefonía móvil a activar la función de radio FM en todos los celulares que la incluyan de fábrica. La propuesta, impulsada por la congresista Lady Camones (APP), busca, en teoría, asegurar el acceso a información crucial durante situaciones de emergencia, tales como terremotos, donde las redes de comunicación convencionales podrían colapsar.
Según la investigación publicada por Gestión, si bien la intención detrás de la ley parece noble, expertos en telecomunicaciones y tecnología advierten sobre posibles consecuencias negativas que podrían afectar tanto a los usuarios como al mercado de telefonía móvil en el país.
Uno de los principales puntos de controversia reside en la viabilidad técnica de la medida. Jesús Véliz, periodista especializado en tecnología, explica que muchos de los smartphones modernos ya no incorporan el hardware necesario para recibir señales de radio FM, priorizando en su diseño otras funciones como la conectividad 5G, NFC o WiFi 6. Por lo tanto, obligar a la activación de una función inexistente sería sencillamente imposible en una gran cantidad de dispositivos. Además, Véliz desmiente categóricamente la acusación de que las operadoras bloquean deliberadamente la radio FM para fomentar el consumo de datos, calificándola como una falsedad sin sustento técnico ni legal.
Juan Pacheco, gerente general de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), critica la tendencia del Estado a transferir al sector privado responsabilidades que le corresponden. En su opinión, la solución no pasa por obligar a las operadoras a habilitar la radio FM, sino por invertir en un sistema nacional de atención de emergencias autónomo y robusto, que incluya sensores, centros de datos y redes satelitales. Pacheco cuestiona también la exigencia de que la infraestructura de telecomunicaciones opere durante 72 horas en caso de apagón, considerándola irrealista e inviable desde el punto de vista técnico y económico. En Perú, según datos del INEI, el 25% de los hogares rurales no tiene acceso a electricidad, lo que agrava aún más la problemática.
El proyecto de ley también plantea dudas sobre su impacto en la disponibilidad y el precio de los teléfonos móviles en el mercado peruano. La exigencia de incluir la radio FM podría llevar a que algunos fabricantes, especialmente los de modelos de gama alta como los iPhone, decidan no comercializar sus productos en el país, reduciendo la oferta y perjudicando a los consumidores. Asimismo, los costos asociados a la implementación de la ley, como el acceso gratuito a emisoras a través de internet, podrían trasladarse a las tarifas de los planes de datos, afectando a todos los usuarios. Según un informe de Osiptel de 2023, el 75% de los peruanos acceden a internet a través de sus teléfonos móviles.
Más allá de la polémica sobre la radio FM, los expertos coinciden en señalar una deficiencia estructural del Estado peruano: la falta de un sistema nacional de alertas ante desastres naturales. El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (SISMATE), que debería ser un canal de avisos por celular, aún no tiene la capacidad de alertar sobre sismos, y no existe un plan de comunicación multicanal con soporte estatal. En este contexto, obligar a las operadoras a activar la radio FM parece una medida paliativa que no aborda el problema de fondo. La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) estima que la reconstrucción post-desastre representa un gasto anual de entre el 2% y el 3% del PBI.
Ante esta situación, se proponen alternativas más realistas, como la sugerencia de Pacheco de incluir una radio a pilas en cada mochila de emergencia. Mientras tanto, el debate sobre la obligatoriedad de la radio FM en los celulares continúa abierto, generando incertidumbre sobre el futuro del mercado de telecomunicaciones y la preparación del país ante posibles emergencias.
