Salud con Lupa indicó que la distribución y control del agua en el Perú enfrenta graves desigualdades, especialmente en zonas de agroexportación como Ica. En esta región, mientras los campos exportan arándanos, espárragos y uvas a mercados internacionales, más de 35 mil personas no tienen acceso regular a agua potable; muchas la reciben apenas dos veces por semana o deben comprarla a precios tres veces mayores que el agua por cañería. Como señaló un dirigente local, “los pobres pagan más” por este recurso esencial.
Emergencia hídrica y sobrexplotación
Salud con Lupa señaló que Ica atraviesa una situación de emergencia hídrica, respaldada por un informe de Water Witness. Diariamente, se extrae del acuífero lo equivalente a 219 piscinas olímpicas, y estas aguas no se reponen por falta de lluvias. Esta sobreexplotación provoca que el agua restante se vuelva más salada, profunda y costosa de obtener. En paralelo, la actividad agroexportadora se expande y beneficia a un sector minoritario, mientras la población más vulnerable sufre la escasez.
Conflictos por el agua en otras regiones
Salud con Lupa informó que el problema no se limita a Ica. En Piura, agricultores se enfrentaron con la empresa Agroaurora, del Grupo Gloria, por la instalación de un dique que privatizaba el agua del río Chira para cultivos industriales. Pese a haber sido sancionada y ordenada su remoción por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la compañía reconstruyó el dique en múltiples ocasiones. Agroaurora concentra 168 millones de metros cúbicos de agua autorizada en una región azotada por la sequía, donde el 93% de las licencias de agua están destinadas al agroexportador.
Reformas y debilitamiento institucional
Salud con Lupa advirtió que el gobierno peruano, bajo la dirección del ministro Ángel Manero, está impulsando una reestructuración de la ANA. Este proceso, presentado públicamente como una mejora en la gestión, en la práctica implica menos controles, flexibilización de normas y debilitamiento de la fiscalización ambiental. Las nuevas disposiciones han eliminado requisitos técnicos para la apertura de pozos incluso en zonas sobreexplotadas e introducen propuestas que podrían transformar el agua en una mercancía sin controles efectivos del Estado. Actualmente, la ANA cuenta con solo 59 fiscalizadores para supervisar más de 460 mil permisos a nivel nacional, mientras la demanda crece y el cambio climático acentúa la crisis.
Consecuencias sociales y ambientales del modelo agroexportador
Salud con Lupa destacó que el auge agroexportador fomenta el crecimiento económico, pero profundiza las desigualdades en el acceso al agua. Las comunidades rurales y altoandinas experimentan una reducción constante en su acceso al recurso hídrico para consumo básico y agricultura de subsistencia. Además, muchos trabajadores agrícolas continúan laborando en condiciones precarias y sin derechos laborales plenos. La serie periodística iniciada plantea la necesidad de mirar más allá del producto final y analizar también el impacto social y ambiental del uso desigual del agua.
Dato
Salud con Lupa concluyó que el agua no puede seguir considerándose un insumo económico sin regulación. Su gestión justa y equitativa debería ser una prioridad estatal, ya que actualmente en el Perú esto no sucede. Es urgente promover un modelo que resguarde el acceso universal al agua como un bien común y derecho fundamental, especialmente frente a la presión del modelo agroexportador y el avance del cambio climático.
