La advertencia lanzada desde Amarilis sobre la situación de la quebrada Agorragra no puede ni debe tomarse a la ligera. Lo que hoy se denuncia no es un simple desacuerdo técnico ni una percepción alarmista: es el reflejo de una práctica recurrente en la gestión pública regional y local, donde las obras avanzan sin una evaluación rigurosa de sus impactos reales sobre la seguridad de la población.
Intervenir una quebrada —más aún en una zona alta y vulnerable como Llicua— exige responsabilidad técnica, supervisión constante y, sobre todo, respeto por la naturaleza del territorio. Alterar el cauce natural, acumular desmonte y permitir la formación de pozos de agua en plena temporada de lluvias no es solo una mala decisión de obra; es una amenaza latente que podría convertirse en tragedia anunciada.
La experiencia reciente pesa. En enero de 2025, una menor perdió la vida a causa de las lluvias. Ese antecedente debería bastar para que cualquier señal de riesgo sea atendida con urgencia. Sin embargo, lo que hoy se observa es ausencia. Ausencia de autoridades regionales, ausencia de respuestas concretas y ausencia de acciones preventivas reales. La presencia simbólica de un funcionario municipal no reemplaza la responsabilidad que corresponde a quienes planifican, ejecutan y supervisan obras de esta magnitud.
Más preocupante aún es que sean las juntas vecinales —organizaciones ciudadanas sin presupuesto ni poder coercitivo— las que estén alertando, inspeccionando y poniendo el tema en la agenda pública. Cuando la vigilancia del riesgo recae en los vecinos y no en el Estado, algo está profundamente mal en el sistema de prevención y gestión de desastres.
La región no puede seguir actuando bajo la lógica del “esperemos que no pase nada”. Las lluvias no avisan y la geografía tampoco perdona improvisaciones. Cada deslizamiento, cada huayco y cada colapso que ocurre después de una obra mal ejecutada tiene responsables, aunque muchas veces estos se diluyan entre contratos, expedientes y silencios administrativos.
La quebrada Agorragra es hoy un símbolo de advertencia. Ignorarla sería repetir una historia que Huánuco ya conoce demasiado bien: tragedias que pudieron evitarse, daños que nadie asume y promesas de solución que llegan cuando ya es demasiado tarde. La prevención no puede seguir siendo un discurso; debe convertirse en acción inmediata y verificable. Aquí no está en juego una obra, sino vidas humanas.
