Auditorio lleno de indignación y tejidos andinos fue escenario del rechazo a Josué Gutiérrez, acusado de omitir muertes durante protestas
Puno rechaza al Defensor del Pueblo por silencio ante muertos del 9 de enero
En un ambiente tenso y cargado de reproches, pobladores de comunidades campesinas de Puno expresaron un contundente rechazo a la presencia del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, durante un evento regional que, según los asistentes, fue convocado bajo engaños. El funcionario fue interpelado públicamente en medio de una asamblea que, lejos de ser una jornada informativa, se convirtió en una catarsis colectiva de indignación y desconfianza.
El escenario fue un auditorio adornado con textiles tradicionales y una simbólica arcada de bienvenida. Allí, un ciudadano vestido con poncho y sombrero andino tomó el micrófono y denunció que los asistentes fueron convocados bajo la premisa de un taller legal, sin que se les informara que el defensor estaría presente. “¡Esto es un engaño para legitimar su presencia! En Puno no lo queremos”, exclamó, entre aplausos y vítores.
Reclamos por omisiones en casos de violencia
Las acusaciones contra la Defensoría se centraron en su aparente inacción ante las muertes ocurridas durante las protestas sociales en zonas como Juliaca, Ilave, Ayacucho y Macusani. “¿Qué hizo la Defensoría del Pueblo? ¡Nada! Ha sido cómplice de los corruptos”, denunció el orador, provocando el coro espontáneo de “¡Que se vaya!” entre los asistentes.
El mismo ciudadano lamentó que, más de un año después de las protestas de enero de 2023, muchas víctimas sigan sin justicia, y personas heridas —algunas con perdigones aún alojados en el cuerpo— no reciban atención ni visibilidad institucional. También criticó el retiro del respaldo legal a defensores ambientales en la Amazonía y el silencio ante la contaminación de ríos puneños.
“Con respeto, pero con firmeza: retírese”
Otro comunero, también en vestimenta tradicional, reforzó los reclamos, pidiendo directamente al funcionario que se retire del lugar. “Con respeto, señor, pero con firmeza: pedimos que se vaya”, manifestó, aludiendo también a la reciente decisión del Congreso de archivar la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte, a quien calificó de “asesina”, sin que la Defensoría interviniera u objetara las decisiones parlamentarias y ejecutivas.
El descontento no fue exclusivo de los varones. Una mujer, acompañada de su hija pequeña, recordó entre lágrimas el viaje que realizó a Lima junto a otras delegaciones para exigir justicia por los fallecidos del 9 de enero. “Allá solo nos lanzaron gas. A ustedes no les importa el pueblo, no reconocen a nuestros muertos, que eran niños, estudiantes, trabajadores”, expresó con voz quebrada.
Un defensor sin respuesta visible
Durante toda la jornada, Josué Gutiérrez permaneció en el estrado. Inicialmente adoptó una postura serena, con las manos entrelazadas, escuchando los reproches sin interrumpir. Con el avance de las intervenciones, se le vio conversando en voz baja con algunos organizadores. La grabación del evento culmina con cánticos de rechazo y la permanencia del funcionario en el escenario, sin dar respuesta pública en ese momento.
Lo vivido en Puno pone en evidencia el nivel de desgaste institucional de la Defensoría del Pueblo ante vastos sectores de la ciudadanía, que no solo cuestionan su accionar, sino también la legitimidad misma de su presencia en los territorios golpeados por la violencia y el abandono estatal.
