En un episodio que genera serias interrogantes, trabajadores de la Dirección Regional de Transportes de Huánuco bloquearon el ingreso de funcionarios de la Contraloría General de la República, quienes llegaron desde Lima acompañados por la congresista Elizabeth Medina. El objetivo de la visita era supervisar el avance de las obras en las instalaciones de dicha dirección, una construcción envuelta en denuncias de corrupción, retrasos y presunto uso indebido de recursos del Estado.
La negativa de los trabajadores a permitir el acceso no solo obstaculizó el trabajo de fiscalización, sino que puso en duda el manejo de los recursos públicos destinados a esta obra. Según declaraciones de la congresista Medina, existen múltiples denuncias sobre sobrecostos, materiales de baja calidad y un preocupante retraso en la ejecución del proyecto. Estas sospechas motivaron la llegada de la Contraloría, que buscaba verificar la situación in situ.
Sin embargo, pese a la naturaleza legal de la inspección, el equipo solo pudo observar la construcción desde los barrotes del portón. Ni la autoridad legislativa ni los funcionarios pudieron evaluar de cerca los avances ni la calidad de los materiales empleados.
El origen de esta negativa genera más preguntas que respuestas. No está claro si la instrucción de bloquear el ingreso provino de la Gobernación Regional o si fue una decisión unilateral de los trabajadores. Este comportamiento, además de atentar contra el principio de transparencia, subraya la falta de respeto hacia las leyes nacionales y los organismos de control, indispensables para garantizar la correcta ejecución de los recursos del Estado.
La fiscalización es un pilar fundamental en la gestión pública y está respaldada por la ley. En este caso, la Contraloría y la congresista actuaron en cumplimiento de su deber de velar por la correcta utilización de los fondos asignados a la obra. Sin embargo, la ausencia de respaldo policial o del Ministerio Público pudo haber facilitado la resistencia de los trabajadores.
Es imperativo que el gobernador regional convoque una conferencia de prensa para esclarecer lo sucedido y explicar por qué se impidió el ingreso de la Contraloría. La ciudadanía de Huánuco, así como el resto del país, tiene derecho a conocer cómo se están invirtiendo los recursos públicos. Este tipo de actitudes no solo atentan contra la transparencia, sino que también minan la confianza en las instituciones locales.
