La controversia en torno a las supuestas cirugías de la presidenta Dina Boluarte ha escalado tras la difusión de un peritaje sobre la autenticidad de su firma en documentos oficiales. La pericia, encargada por la clínica del cirujano Mario Cabani, pone en tela de juicio la validez de la rúbrica en un decreto supremo, generando reacciones encontradas en el Congreso y reavivando el debate sobre la transparencia en la gestión presidencial. Este caso se suma a la ya baja aprobación de la mandataria, que según recientes encuestas continúa en niveles críticos, erosionando aún más la confianza pública en el gobierno.
Según la investigación publicada por El Comercio, el informe pericial contratado por la Clínica Rejuvenecimiento y Estética Cabani SRL, a cargo del perito Julio Alfredo Espejo Quevedo, analizó la firma presente en un decreto supremo del 29 de junio de 2023, fecha en la que, según Mario Cabani, Boluarte se encontraba internada en su clínica. La comparación se realizó cotejando la rúbrica del decreto con la firma que la presidenta estampó en su declaración indagatoria ante la Fiscalía de la Nación el 13 de enero de este año.
El congresista Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, ha calificado el resultado del peritaje como “absolutamente grave”. Sánchez Palomino considera que la presunta falsificación de la firma presidencial, ocurrida mientras Boluarte se sometía a intervenciones quirúrgicas, sería suficiente para iniciar un proceso de vacancia en un contexto político ordinario. Sin embargo, anticipa que el respaldo de ciertas bancadas a la gestión de Boluarte en el Congreso impediría que tal proceso prospere. Además, hizo hincapié en la responsabilidad de las fuerzas políticas que, según él, “blindan” a la presidenta, obstaculizando cualquier intento de fiscalización.
Desde otra perspectiva, el parlamentario José Cueto, de Honor y Democracia, reconoció la gravedad de una eventual falsificación de firma por parte de la jefa de Estado. No obstante, Cueto considera que, incluso de confirmarse la falsedad de la rúbrica, este hecho no constituiría una causal de vacancia presidencial, según lo establecido en la Constitución Política del Perú. Su declaración enfatiza la necesidad de un análisis legal exhaustivo para determinar las implicancias del caso.
La congresista Patricia Chirinos, de Renovación Popular, también se pronunció sobre el tema a través de sus redes sociales. Chirinos acusó a Dina Boluarte de mentir sobre las cirugías a las que se habría sometido, sugiriendo que la firma podría haber sido falsificada mientras la presidenta se encontraba en quirófano o bajo efectos de la anestesia. Su mensaje en la red social “X” (antes Twitter) refleja una postura crítica y cuestiona la transparencia de la mandataria, preguntando hasta cuándo el país soportará “tanto engaño”.
Cabe recordar que en los últimos meses, la popularidad de la presidenta Boluarte ha experimentado un declive constante, alcanzando mínimos históricos de aprobación. Este nuevo escándalo, sumado a las investigaciones en curso sobre otras acusaciones, podría exacerbar la crisis de confianza que enfrenta el gobierno y profundizar la polarización política en el país. La investigación sobre la autenticidad de la firma promete seguir generando controversia y debate en los próximos días.
