El caso de Jimenita, violada, asesinada e incinerada por su vecino, ha ocasionado un mar de conmociones en todo el país, lo que ha hecho que se discuta la aplicación de la pena de muerte a los violadores en nuestra judicatura. Por ello, preparamos este informe que además muestra alternativas menos extremistas que nos devuelven la esperanza.
Lo que la gente opina
Geraldine Padilla Pérez (21), universitaria “Sí estoy de acuerdo que los violadores tengan pena de muerte porque, a mi juicio, ellos abusan de la población más indefensa, que son los niños. Asimismo, las autoridades deben fijarse en dos puntos, el primero que se identifique a las personas que son potencialmente una amenaza para la niñez y segundo que se apruebe un castigo ejemplar como la pena de muerte a los abusadores.
María Beltrán Amalfitano (22), madre de familia
“Los violadores son las personas más aborrecibles que puedan existir en esta sociedad, lo digo como madre, ya que tengo hijos y quiero que crezcan en un ambiente saludable, pero los violadores arruinan ese futuro que queremos para nuestros hijos. Por ello, estoy de acuerdo con la pena de muerte para esos sujetos”.
Milena Figueredo
REPORTAJE
En los próximos días, el Gobierno Central tendrá que resolver el reclamo de la población de condenar con pena de muerte a los culpables de violación y asesinato de menores de edad, ya que dicho sentir se ha puesto en el tapete luego de haber visto la concentración de miles de peruanos desfilando por las calles de las principales provincias del país, pidiendo el radical dictamen.
El diario AHORA, conociendo que Huánuco también se sumó a la consiga nacional promovida por la lamentable desgracia de Jimenita que fue vilmente violada, asesinada y sus restos incinerados en San Juan de Lurigancho (Lima), entrevistó a la coordinadora de la Demuna, Julia Dávila Rubén, y al director regional de la Asociación Paz y Esperanza, Eysler Nieto Ferrer.
Julia Dávila, mencionó que es conveniente que los gestores de la “Marcha por la seguridad, justicia y paz para nuestros hijos” o, simplemente, #Jimenitarenace, canalicen las fuerzas que se han sumado a su pedido, para conseguir los cambios que necesita la sociedad para remediar la justicia en los casos de menores que han sido víctimas de violación.
Castración como castigo
Con respecto a la pena de muerte para los violadores, dijo que deberíamos tener los pies en la tierra, pues cree que es un imposible jurídico solicitar al Gobierno que se imponga la pena de muerte como máximo castigo para los violadores, ya que el Perú se encuentra como país miembro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde 1969 y eso exige que las naciones garanticen la vida de los criminales.
Ante ello, Julia Dávila cree que es más fiable que el Gobierno incorpore dos medidas represoras como condena, uno la cadena perpetua sin goce de apelación y la castración por instrumentación química.
Dedo en la llaga
El Estado hace poco en proteger jurídicamente a los niños, así explicó Eysler Nieto Ferrer, Director Regional de la Asociación Paz y Esperanza.
Apostilló que debido a que el Estado no contaba con “defensores públicos” (abogados de oficio) que atiendan judicialmente a las víctimas, desde 2013, varias organizaciones empezaron a gestionar una defensa legal que vele por el bienestar de los niños abusados, ya que los “defensores públicos” fueron creados en sí para salvaguardar a los acusados cuando no gozan de recursos.
“Aún existe una disparidad para acceder a la justicia por parte de las víctimas, porque en el departamento de Huánuco: Por ejemplo, hay 55 defensores públicos, de los cuales 4 son para la defensa de las víctimas y 51 para los imputados”, enfatizó Nieto Ferrer.
Además agregó que esta realidad no es nada justa y ello se debe porque tenemos una cultura jurídica donde la presunción de inocencia, que es un derecho de toda persona, prima más que la acusación de la víctima.
Por consiguiente, en el caso de los agresores sexuales, estos salen beneficiados ya que no prevalece la defensa de la integridad de las víctimas, cuando, realmente, el sistema judicial debería garantizar todas las condiciones para proteger a los niños.
Hasta la actualidad:
No se ha logrado implementar el Sistema de Atención para niños, niñas y adolescente (NNA) y víctimas y testigos de violencia para los casos que atiende la justicia.
Existen muy pocos operadores de justicia, que resguarden los intereses del niño y el enfoque del género y que sepan abordar adecuadamente los casos de violencia sexual.
. Existe un déficit de cámaras Gesell y salas de entrevistas en todas las cortes superiores de justicia del país, que ayuden a acelerar los casos de violencia sexual.
No existe una campaña articulada y sostenida para prevenir todas las formas de violencia contra los NNA.
Cifras de la vergüenza
El 0.1% del PBI se designa para atender la protección a la niñez antes, durante y después del abuso sexual.
25 068 denuncias de violencia sexual se registraron en 2017, o sea 8 % más que en 2016. Asimismo, el 76 % de las víctimas son menores de edad.
8097 internos purgan condena por delitos de violencia sexual, esto ha hecho que el ilícito se ubique en el segundo más cometido en el Perú.
1645 y 18 859 niñas, menores de 15 años y mayores de 15 y menores de 17, respectivamente, fueron madres en 2017.
